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Legisladores armados
De acuerdo con la experiencia internacional en la solución de conflictos, el éxito de la pacificación de las sociedades que han salido de cualquier tipo de contiendas bélicas depende mucho de que los ex combatientes sean desarmados. Pero también enseña la experiencia que se debe impedir que se armen los políticos, ante todo los que ocupan posiciones de poder público e influencia social, como por ejemplo los diputados. Y en general toda la sociedad debe estar desarmada. Las armas sólo deben tenerlas —y usarlas bajo estricta regulación legal— los miembros de los cuerpos institucionales establecidos para el efecto, es decir: el Ejército y la Policía.
Sin embargo, en Nicaragua, donde casi todo se hace al revés, no pocos ex combatientes e inclusive líderes políticos en vez de desarmarse y dar a la ciudadanía ejemplo de civismo, más bien se arman y apologizan el uso de la fuerza. Y hasta aprueban una ley en la que se arrogan el “derecho” de poseer y usar armas de fuego, inclusive de guerra. Eso, precisamente, fue lo que hicieron los diputados sandinistas y liberales arnoldistas el miércoles de esta semana, al atribuirse en la nueva ley de armas la potestad de andar armados y, por lo consiguiente, de resolver sus disputas políticas y particulares a punta de pistola y fusil.
El argumento de los legisladores belicosos para justificar su “derecho” a andar armados y usar las armas que portan, es el de que tienen que protegerse de la violencia criminal que azota al país. De acuerdo con esa “lógica” absurda de los diputados armamentistas, los periodistas de LA PRENSA que fueron asaltados a mano armada y secuestrados por un pistolero político del PLC; los que soportamos las constantes intimidaciones de Daniel Ortega y los miembros más agresivos de su partido; y en general quienes temen que se repita contra cualquier periodista el reciente asesinato de María José Bravo a manos de otro pistolero político del PLC, tendrían todos que andar armados y repeliendo a balazos los atropellos de que a menudo les hacen víctimas políticos autoritarios y delincuentes comunes.
En realidad, no es cierto que por la delincuencia en general y la violencia armada en particular, los funcionarios públicos y los ciudadanos deban armarse. Aunque los diputados se armaran hasta con los cohetes rusos SAM que no quieren que sean destruídos, no podrían evitar los actos delictivos y de violencia. Por el contrario, la experiencia internacional indica que la tenencia y el uso de armas por parte de los civiles empeora los problemas de inseguridad pública, en vez de resolverlos.
Ciertamente, aparte de que los delincuentes, precisamente porque son profesionales de la violencia siempre llevan ventaja sobre las personas honradas aunque éstas anden armadas, el hecho de que los civiles se armen para supuestamente defenderse de la violencia conduce inevitablemente a que entre mayor sea la cantidad de armas en poder de la población, muchas más de ellas caen en manos de los delincuentes. Y al fin y al cabo las armas no son usadas únicamente para fines defensivos, sino también ofensivos, irresponsables y delictivos.
No son pocos los políticos en general y diputados en particular reconocidos por su prepotencia, su mal carácter, su menosprecio a los derechos de los demás y su afición a la embriaguez alcohólica. Y si desarmados esos funcionarios ya son una amenaza pública, andando armados y con licencia para disparar son capaces de liquidar a cualquiera que se interponga en su camino, o simplemente porque les cae mal.
Al respecto basta recordar el caso del diputado sandinista que recibió a balazos a unos trabajadores de la empresa de electricidad que llegaron a desconectarle el servicio por supuesta o real falta de pago del servicio; o al diputado liberal que en una concurrida rotonda capitalina disparó contra la muchedumbre; y al también legislador liberal que arma en mano se tomó las instalaciones de la Asamblea Nacional y aterrorizó durante un buen rato a los mismos diputados, sólo para tratar de eludir una responsabilidad familiar.
Sin embargo, también es necesario reconocer que en la Asamblea Nacional hay algunos legisladores que se distinguen por su buena conducta y que se opusieron a la disposición armamentista aprobada esta semana por sus colegas belicosos.
