Luis Felipe Palacios
El Banco Mundial advirtió sobre las consecuencias económicas para el país, de aprobarse el proyecto de Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos, especialmente en el sector de telecomunicaciones y energía.
Jane Armitage, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, señaló —en carta dirigida al presidente Enrique Bolaños— que ese organismo financiero multilateral está preocupado por la posibilidad de aprobación de ese proyecto de ley.
“La aprobación de la ley, dependiendo de su contenido final, tendrá un gran impacto sobre la atracción de inversión privada, finanzas públicas (y) la apertura a la competencia para reducir los precios al consumidor”, advirtió la funcionaria.
Agregó que esos son temas centrales en el marco de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) el crédito de apoyo a la reducción de la pobreza y otros proyectos.
Armitage señaló que el proyecto de ley, tal como ha sido sometido al plenario de la Asamblea, tiene vacíos y disposiciones negativas para el logro de los objetivos que intenta promover.
Consideró que si el proyecto de ley es aprobado sin modificaciones, el resultado será el retroceso para la provisión de servicios públicos y, en particular, para los sectores de energía y telecomunicaciones.
Entre otras preocupaciones del Banco Mundial, anotó que los principios y objetivos del proyecto de ley no son claros, “por lo que existe la posibilidad de que la Superintendencia se convierta en un ente intervencionista”.
Asimismo, dijo que el proyecto contiene ambigüedades ya que por una parte crea el ente regulador único, pero por otra tiene disposiciones propias de una ley sectorial.
“La entrega de facultades normativas —sin ningún tipo de condicionamientos— a la nueva Superintendencia puede interpretarse como anulación de las atribuciones del Poder Ejecutivo de dictar la política sectorial”, estimó.
La funcionaria también consideró que “los criterios de selección del Superintendente y los intendentes de los distintos servicios son vagos en los requisitos técnicos y profesionales de los candidatos”.
“El papel asignado a la Asamblea en la identificación y análisis de candidatos, nombramiento del Superintendente e intendentes, es excesivo y no garantiza el carácter técnico y la autonomía del regulador”, indicó.
