Josué Bravo/Corresponsal
Cientos de vendedores callejeros que ocupan las aceras de San José, entre ellos muchos nicaragüenses, tienen que retirarse voluntariamente de sus puestos de trabajo por orden de un tribunal capitalino, de lo contrario serán desalojados por la Policía Municipal a partir de la próxima semana.
El anuncio ocurrió luego que el Tribunal Contencioso Administrativo de Goicochea declaró improcedentes seis recursos de apelación que representantes de los vendedores interpusieron contra la medida de desalojo que meses atrás emitió contra ellos el Gobierno Municipal.
Unos 466 puestos donde nicas y ticos venden verduras, frutas, ropa y otros productos, se ubican en la denominada Zona de Tregua de San José.
El 16 de marzo de este año, el Concejo Municipal aprobó de forma unánime una moción interpuesta por el alcalde Johnny Araya, que pedía la salida de los vendedores, pero el desalojo que se ejecutaría tres meses después fue frenado mientras el Tribunal resolvía las apelaciones.
UNA ÚLTIMA ESPERANZA
Con esta nueva decisión judicial, los vendedores agotaron las vías legales para evitar el desalojo, que según ellos, violenta sus derechos humanos al impedirles trabajar.
El asesor de Araya, Rafael Arias, dijo que la medida se debe a que las ventas callejeras en el centro de la capital impiden el libre paso a peatones por las aceras, principalmente a los discapacitados.
Explicó que pretenden que en diciembre las aceras estén libres de vendedores.
“Nuestra petición es que al menos nos dejen vender hasta el 31 de diciembre”, declaró Geovanny Jiménez, líder de una de las seis organizaciones de comerciantes.
Sin embargo, Araya dijo que hasta el viernes anunciará si los vendedores pueden quedarse hasta diciembre, pues cualquier decisión se analizará con el Ministerio de Seguridad porque durante estos días hay eventos importantes en Costa Rica como la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que inicia el viernes.
“Confío en Dios que no nos van a desalojar”, expresó la vendedora Ingrid Figueroa.
No obstante, Arias dejó claro que la comuna no es la encargada de resolver los problemas laborales en Costa Rica.
