Roman, Times, serif»>Editorial
La imposición del “parlamentarismo”
Daniel Ortega quiere establecer un régimen de “democracia popular”, disfrazado de parlamentarismo, y su partido FSLN lo apoya totalmente lo cual es normal y comprensible. Lo anormal es que el PLC respalde esa pretensión de Ortega y que esté dispuesto a entregarle sus 43 votos en la Asamblea Nacional para aprobar una reforma constitucional que modificaría sustancialmente el sistema de gobierno de Nicaragua.
La única explicación que encontramos a esa actitud del PLC con la que este partido reniega de la tradición presidencialista del liberalismo nicaragüense, es que quiere quitarle atribuciones al presidente Enrique Bolaños para saciar un afán revanchista. O tal vez para que Daniel Ortega mande a poner en libertad a Arnoldo Alemán, o al menos que lo envíe a su residencia de El Chile.
En teoría, presidencialismo o parlamentarismo significan básicamente lo mismo tratándose de un gobierno basado en la democracia representativa. Tan democráticos son los países europeos parlamentarios como lo es Francia en donde hay un sistema semi-parlamentarista, o Estados Unidos que es el prototipo del régimen presidencialista, o Chile, para mencionar un caso ejemplar en América Latina. Sin embargo, el sistema de gobierno -presidencialista, parlamentarista o semi-presidencialista- no depende de la voluntad o capricho de nadie, sino que es consecuencia del desarrollo histórico de cada país, de sus tradiciones políticas y culturales.
Por ejemplo, el sistema político presidencialista de Estados Unidos no se estableció simplemente porque George Washington, Thomas Jefferson o James Madison lo inventaron y les dio la gana establecerlo. El sistema presidencialista nació allí de la necesidad de equilibrar —en un Estado federal— los intereses de cada provincia y de sus correspondientes grupos dominantes. Pero, además, el sistema presidencialista se estableció en Estados Unidos por el temor que inspiraba a los padres de la patria norteamericana el catastrófico asambleísmo de Francia, donde el poder absolutista del rey fue sustituido por el poder absoluto de una Asamblea Nacional y como resultado el país cayó en la anarquía y el régimen de terror de la guillotina, que decapitó a los mismos cabecillas liberales y abrió el camino al establecimiento del poder imperial de Napoleón Bonaparte.
Por otro lado, en la democracia el presidencialismo no significa que el Presidente tenga poderes ilimitados, mucho menos absolutistas. Al contrario, el presidencialismo es un sistema de gobierno basado en la separación, el equilibrio y el control recíproco de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De manera que Nicaragua no resolverá ningún problema con una reforma constitucional que le quite atribuciones al Presidente de la República simplemente para dárselas a los diputados a la Asamblea Nacional. Por el contrario, la mayor concentración de poder en manos de los diputados agravaría los problemas de gobernabilidad que sufre el país, pues se incrementarían el tráfico de influencias y la corrupción en términos generales, y el funcionamiento de las instituciones estatales se paralizaría cada vez que sus titulares tengan que ser nombrados por la Asamblea Nacional.
Al respecto es necesario señalar que el parlamentarismo es un sistema de gobierno que necesita mucha responsabilidad política, educación cívica y disciplina partidista, que son características de los ciudadanos y súbditos europeos. Y precisamente porque las naciones iberoamericanas no tienen esos requisitos de calidad política es que en estos países no ha podido funcionar ni siquiera un sistema semiparlamentarista o semipresidencialista. En Nicaragua, por ejemplo, a diferencia y al contrario de los países parlamentarios europeos la cultura política es muy atrasada mientras que el juego de los políticos está muy separado de la vida y de los intereses reales de la población. “Nuestros” partidos no representan a los ciudadanos, salvo en los momentos electorales, sino que son maquinarias para distribuir prebendas y cuotas de poder.
Ahora bien, como la presidencia de Enrique Bolaños terminará en enero del 2007, con seguridad que en ese mismo año los diputados del partido que gane las próximas elecciones nacionales promoverán una nueva reforma constitucional para restablecer las atribuciones presidenciales que ahora están arrebatando.
