Policía a paso de tortuga

Una clara contradicción surgió ayer en la versión que la Policía Nacional ofreció después de 24 horas de investigación sobre la muerte de la periodista María José Bravo Sánchez, ultimada de un balazo el martes a las 6:30 de la tarde, en Juigalpa.

El dictamen forense asegura que el disparo fue realizado a quemarropa, según dijo el comisionado Otilio Duarte, jefe de la Policía de Chontales, pero aún así los investigadores policiales no descartan la hipótesis de que el arma se disparó accidentalmente al caer al suelo.

El dictamen forense dice que la piel del pecho de Bravo, corresponsal de LA PRENSA en Chontales, presentaba quemaduras de pólvora y un orificio de entrada de bala de un centímetro de ancho por dos de largo, dijo ayer Duarte. A pesar de eso, Duarte, no descarta la hipótesis de que el revólver calibre 38, se haya disparado accidentalmente.

El revólver fue ocupado a Eugenio Hernández González, principal sospechoso del crimen y la Policía supone que a éste se le cayó en las afueras del Centro Departamental de Cómputos, en Juigalpa.

Esta última es la versión que dio Hernández, ex alcalde de El Ayote, militante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ex contra.

El dictamen forense confirma las versiones de varios testigos que afirman que el asesino disparó directamente contra la periodista, escudándose detrás de una señora y tras meter su mano derecha dentro de un bolso café donde tenía guardado el revólver 38 marca Astra y serie C47835.

El arma, según confirmó el comisionado Duarte, fue ocupada a Hernández, lo mismo que el bolso en cuyo interior había un pantalón crema, una camisa roja, una gorra del PLC y la cédula de identidad número 603-151170-0004Q, a nombre de Hernández.

POLICÍA OCULTA INFORMACIÓN

Durante una conferencia de prensa convocada por Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el comisionado Duarte no ofreció mayor información sobre el avance de las investigaciones y más bien omitió dar resultados de exámenes tan elementales como el peritaje de balística y de parafina, que debieron habérsele hecho al supuesto autor del disparo, poco después del hecho, para comprobar si había sido él quien realizó el mortal disparo.

Duarte se limitó a decir que esos resultados no estaban listos y reiteró a cada pregunta de los periodistas que “aún se estaba investigando”. Pero lo que más llamó la atención fue el hecho de que la Policía no ofreció una versión oficial del crimen, sino que el comisionado Duarte se limitó a repetir la versión que ofreció un adolescente que fue detenido el mismo día del crimen, quien aseguró que el bolso estaba atado a la malla ciclón que rodea el Instituto Josefa Toledo y que, al soltarse, se cayó al suelo y el arma que estaba en su interior se disparó.

Pero lo que no pudo explicar el jefe policial es cómo la bala disparada supuestamente en forma accidental, dio directamente en el pecho de la periodista, si ésta estaba rodeada por un grupo de personas que deseaban tener información de primera mano sobre el resultado de las revisiones que se hacían dentro del Centro de Cómputos; ni por qué su pecho tiene quemaduras de pólvora, como dice el dictamen forense.

Si el arma se hubiera disparado al caer al suelo, probablemente la muerta no hubiese sido María José Bravo, sino cualquier otra persona que estaba a su alrededor.

VERSIÓN DE TESTIGOS

Según se conoció, hay tres testigos que son cruciales y que señalan a Eugenio Hernández González como la persona que realizó el disparo. La noche del crimen, María José salía del Centro Departamental de Cómputos, ubicado en el Instituto Josefa Toledo de Aguerri. Un grupo de simpatizantes del Apre que esperaban los resultados de las votaciones en Cuapa y Santo Tomás, aún en disputa, la llamaron para que les informara sobre lo que ocurría dentro del centro.

La periodista fue rodeada por el grupo de personas, cuando de pronto se escuchó la detonación y, segundos después, el cuerpo de María José se desvaneció con una herida de bala en su pecho, sin orificio de salida.

Detrás de una de las personas que había llamado a la periodista se había ubicado Hernández González, quien metió su mano dentro del bolso donde estaba su arma y disparó a quemarropa, indican los testigos.

Una oficial de la Policía que estaba en el lugar de los hechos y que minutos antes había estado conversando con la periodista, confirmó que el hombre aprovechó el tumulto de gente para disparar contra la humanidad de la periodista.

“Escuchamos rumores que se dieron en ese momento, de que la querían matar”, dijo la oficial, quien pidió el anonimato, y para quien es virtualmente imposible que un revólver se dispare con solo caer al suelo.

AMENAZADA

La señora Elda Antonia Sánchez, madre de María José, comentó la noche que le llevaron el cadáver de su hija, que ésta había sido amenazada de muerte por unos hombres y que una camioneta verde, doble cabina, pasaba por su vivienda.

Esas amenazas de muerte, la periodista las confió a varios de sus colegas del departamento de Chontales, pero también las denunció en la delegación de Policía del municipio Santo Tomás.

Sin embargo, al parecer la Policía no dio seguimiento a esa denuncia. Según el comisionado Duarte, ahora realizarán una investigación para determinar si fue interpuesta la denuncia.

Los hombres señalados de haber amenazado a María José, supuestamente pertenecían a la banda “Los Chentillos”, que opera en el sector y cuyos integrantes están vinculados a robos con intimidación, secuestros y otras acciones.

GIGANTESCO SEPELIO

Las honras fúnebres de María José Bravo Sánchez no tienen precedente. Más de tres mil personas participaron en los funerales cuyo cortejo cubría cerca de tres cuadras.

Un grupo de niños encabezaba la marcha fúnebre, cargando las numerosas ofrendas florares que recibió la familia como muestras de solidaridad. Les seguía el ataúd conteniendo los restos de la periodista y luego la gran cantidad de amigos, colegas y personas que exigieron todo el peso de la ley contra él o los asesinos de María José.

SIP CONDENA CRIMEN

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de la periodista María José Bravo y llamó a las autoridades a cumplir su compromiso de investigar a profundidad el crimen.

“Exhortamos a las autoridades a investigar con celeridad para llevar a los asesinos ante la justicia, a fin de contrarrestar las violaciones al derecho a la vida y a la libertad de prensa”, señala Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

También, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos con sede en Juigalpa, condenó el crimen y exigió a la Policía Nacional, todos sus esfuerzos y profesionalismo a fin de esclarecer el crimen.

AGREDEN A DOS PERIODISTAS

Dos periodistas de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), fueron agredidos cuando trabajaban dando cobertura a diferentes actos partidarios del Frente Sandinista (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Los colegas fueron agredidos el martes, el mismo día en que fue asesinada la periodista y corresponsal del diario LA PRENSA en Chontales, María José Bravo. Ellos son, Juan González, del telenoticiero Tiempo, que se transmite en un canal de cable local, y Jesileth María Henríquez Sotelo, corresponsal del Canal 2.

«Ellos (los liberales) querían arrebatar mi cámara porque le estaba dando cobertura a la manifestación liberal. Me dañaron la cámara de trabajo”, dijo González a LA PRENSA.

La periodista Jesileth Henríquez declaró ante la Policía Nacional en esta ciudad, haber sido agredida directamente por dirigentes sandinistas cuando pretendía conocer detalles sobre una presunta agresión que el candidato del FSLN a la Alcaldía de Bluefields, Lawrence Omier, realizó contra simpatizantes liberales.

«Yo me encontraba realizando una entrevista al señor Orlando Obando (dirigente sandinista) sobre las incidencias ocurridas frente a la casa del PLC, y éste (Obando) empezó a ofenderme y a correrme del lugar donde estábamos. Simpatizantes sandinistas me siguieron con piedras y palos», dijo Henríquez.

La Prensa/ Sergio León

PREGUNTAS SIN RESPONDER

La Policía Nacional no pudo contestar una serie de preguntas ayer durante la conferencia de prensa en Juigalpa, convocada para informar sobre el crimen de la periodista María José Bravo Sánchez.

¿Por qué la Policía no ha descartado la teoría del disparo accidental, si existe un dictamen forense que dice que el mismo fue realizado a quemarropa y que dejó quemaduras de pólvora en el pecho de la víctima?

¿Por qué la Policía no realizó la prueba de parafina a Eugenio Hernández González para ver si fue él quien disparó el arma? Este es un proceso elemental en las investigaciones criminales y más cuando en Juigalpa, Chontales, existe un Laboratorio de Criminalística de la Policía.

¿Es probable que un revólver, arma sumamente mecánica, se dispare al caer al suelo?

¿Cómo explican que la bala haya impactado el pecho de la víctima, si se disparó accidentalmente cuando a ella la rodeaban muchas personas?

¿Cuál fue la trayectoria del proyectil y en qué ángulo?

¡CLAMAMOS JUSTICIA!

El asesinato, el martes de esta semana, en Juigalpa, de la periodista María José Bravo (26), corresponsal de LA PRENSA y de Diario Hoy en Chontales, nos causa un inmenso dolor pero también una gran indignación. Y hacemos un enérgico reclamo de justicia.

El asesinato de María José Bravo, ante el Consejo Departamental Electoral de Chontales, en Juigalpa, mientras se hacía allí un recuento de votación y numerosas personas protestaban contra supuestas manipulaciones de votos por parte de los dos partidos pactistas, no se debe ver como un hecho aislado y circunstancial. Por el contrario, ese hecho execrable es consecuencia de la campaña de odio que los políticos pactistas -liberales y sandinistas- han instigado contra los medios de comunicación y los periodistas independientes que denunciamos los abusos de poder y la corrupción, que reclamamos respeto a la institucionalidad democrática y clamamos por una verdadera justicia: transparente, independiente, imparcial, apolítica y apartidista.