Seguridad alimentaria

Jorge Ulises González Briones Con los enormes problemas del país para que la población tenga acceso a los alimentos básicos, el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe ser una prioridad. La falta de recursos para producir alimentos o comprarlos ha generado desnutrición en el 30 por ciento de la población, sobre todo […]

Jorge Ulises González Briones

Con los enormes problemas del país para que la población tenga acceso a los alimentos básicos, el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe ser una prioridad. La falta de recursos para producir alimentos o comprarlos ha generado desnutrición en el 30 por ciento de la población, sobre todo en los más vulnerables: niños y niñas.

Los programas de asistencia alimentaria que se ejecutan en Nicaragua a través de donaciones son los que ayudan a mermar el problema de la alimentación, sobre todo aquéllos que van dirigidos a la atención de los escolares en las edades de 3 a 13 años en los centros preescolares y escolares de primaria. Esta estrategia puede resultar muy beneficiosa, porque la ayuda se concentra en este rango de edad.

El talón de Aquiles de estos programas es que están limitados a la disponibilidad de alimentos y a la fecha de culminación de los convenios entre las entidades ejecutoras (Gobierno u organismos no gubernamentales), además de estar focalizados en el territorio en donde hay vulnerabilidad alimentaria, no en todo el territorio nacional, al retirarse estos programas dejan en incertidumbre a los beneficiarios, como el efecto que causó la culminación del Proyecto Vaso de Leche financiado por Japón y el retiro gradual por focalización en zonas del país por parte del Programa Mundial de Alimentación (PMA).

La propuesta sería que dentro del anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional se incluyera un capítulo sobre la alimentación para los escolares entre los 3 a 13 años de edad, contribuyendo de esta forma a darle un impulso a la educación y a la nutrición de los niños y niñas en edad escolar, pero esta vez financiado por el Gobierno, apoyados en la medida de la disponibilidad de alimentos por los organismos donantes. Esto permitiría que la población beneficiada con los actuales proyectos de alimentación escolar tengan un marco jurídico que respaldará su gestión en la inversión de capital humano, complementando así los esfuerzos del Gobierno y la sociedad.

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