Margine Quintanilla Romero
Diariamente se acrecienta la violencia intrafamiliar. La mayoría de los casos que se reportan en los medios de comunicación son difíciles para las víctimas debido al temor y la vergüenza que provocan este tipo de situaciones. Nicaragua tiene una población de 5.2 millones de habitantes, de los cuales un 51 por ciento son mujeres y un 53 por ciento niñas(os) y adolescentes. Por la cultura machista que prevalece en el país, esta población constituye un sector de gran vulnerabilidad. De cada 100 delitos que se denuncian en la Policía, 14 están ligados a agresiones sexuales diversas. Las mujeres, niñas y niños son las principales víctimas.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Demografía y de Salud, Endesa 1998, demostró que una de cada 10 mujeres en unión de hecho alguna vez han experimentado un episodio de violencia sexual por parte de su esposo o compañero. Según investigación realizada por el Centro Dos Generaciones, el 91.8 por ciento de los casos de abuso sexual en niñas y niños que acuden a sus servicios, fueron perpetrados por un familiar cercano o un conocido de la víctima; de igual forma en el 61.7 por ciento de los casos, la ocurrencia del abuso se prolongó por meses o años.
La Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (Ley 230) indica cómo puede actuar una persona si es agredida en su casa. Clasifica las agresiones en: lesiones leves, cuando te maltratan físicamente y en tu cuerpo quedan huellas como, moretones, raspones, rasguños, cicatrices, mordeduras y golpes. Lesiones graves, cuando por la agresión pierdes alguna capacidad física o te quedan señas que no se borrarán nunca, pérdida de brazos, manos, pies, ojos o cicatrices en cualquier parte de tu cuerpo. Lesiones psicológicas, cuando tu compañero(a) o cualquier miembro de tu familia, te insulta todos los días, te hace sentir que no valés nada, te dice siempre que estás loca, te trata como a una esclava, amenaza con matarte, pegarte, te grita, te obliga a hacer cosas que no querés o te arma escándalo por todo.
Las penas para algunos de estos casos, son como máximo 30 años de prisión y mínima de dos a cuatro años. La víctima de este tipo de agresiones debe poner la denuncia en la Comisaría de la Mujer más cercana a su barrio, donde le darán una orden para ser atendida por un médico, psicólogo o forense según el caso y quien hará el dictamen del delito. En cualquiera de estas situaciones siempre se pueden solicitar medidas de seguridad, como son: Que tu agresor(a) salga de la casa donde vivís, independientemente que sea el dueño(a), si te ha sacado de la casa podés pedir tu reintegración junto con tus hijos(as), también pedir que tu agresor no se acerque al sitio de trabajo de la víctima, que brinden atención médica y psicológica a la víctima y sus hijos(as) y que le quiten cualquier tipo de arma al agresor(a).
La violencia es una actitud aprendida y el primer lugar de aprendizaje es el hogar. Hoy es considerada como un problema de salud pública (Decreto 67-96 del Ministerio de Salud) al que deben ir dirigidas las políticas de erradicación y prevención, a través de las autoridades de los distintos poderes del Estado, quienes la deben impedir y perseguir.
La autora es funcionaria de prensa de la PPDH.
