- Tras elecciones municipales viene revisión en Parlamento
Amparo Aguilera
La aprobación de una ley que regule el cobro de intereses de las tarjetas de crédito sigue siendo prioridad para los parlamentarios locales quienes desde mayo pasado intentan ponerla en marcha.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Wilfredo Navarro, confirmó a LA PRENSA que la próxima semana retomarán la discusión de dicho anteproyecto “para proteger el bolsillo de los nicaragüenses”, justificó.
El diputado señaló que actualmente los emisores de las tarjetas cobran más del 72 por ciento en concepto de intereses anualmente. “Eso es mucho (aunque no lo especificó en pesos y centavos), y la idea es frenar eso dentro de un marco jurídico, a como lo están haciendo en Honduras, El Salvador y hasta en Guatemala”, precisó. El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, quien al igual que Navarro es parte de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, dijo que evaluarán, tal como lo hicieron cinco meses atrás, el contrato de adhesión que actualmente rige la relación entre el tarjetahabiente y los emisores de las tarjetas.
“Porque nos parece que es lesivo. Hay varios artículos de ese contrato que son perjudiciales, por ejemplo el referido a la pérdida o robo de la tarjeta. A lo que agregamos el hecho de que siguen cobrando intereses sobre intereses y eso requiere control”, precisó.
LA PRENSA intentó obtener la opinión de Arturo Arana, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), en relación al anteproyecto descrito, pero no se logró localizar.
Sin embargo Luis Rivas, gerente general del Banco de la Producción (Banpro), comentó que una regulación no es necesariamente mala. “Aunque primero tendríamos que conocer y analizar ese proyecto de ley para emitir nuestra visión al respecto”, apuntó.
Los diputados, tanto sandinistas como liberales, también pretenden regular las agencias de remesas familiares. “En este caso nos preocupa que cobren por remitir la remesa el 20 por ciento, de manera que si te envían mil dólares te cobran 200 dólares y eso es una barbaridad, por lo tanto vamos a regularlo”, aseguró Navarro.
Además quieren impulsar la Ley de Propiedad creada por la Superintendencia de la Propiedad, para agilizar la entrega de propiedades confiscadas en los años ochenta.
“Ya que vemos que en este gobierno apenas le han dado respuesta a menos de 100 personas, cuando en tiempos de la administración de Violeta Barrios se atendieron cinco mil casos, y en el gobierno de Arnoldo Alemán, 40 mil personas. Entonces no hay avances”, argumentó el vicepresidente de la AN, tras indicar que esto a la fecha lo están conversando con los sandinistas.
