Piden cárcel para los que roban energía

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Piden cárcel para los que roban energía

	Unión Fenosa propone ley que penalice con uno y hasta cinco años de prisión, el robo de electricidad
	Diputado Jarquín dice que es necesaria una ley que regule los abusos de los grandes usuarios

Johnny Cajina Guillén

La empresa Unión Fenosa pretende que la Asamblea Nacional apruebe una ley que castigue hasta con cinco años de prisión a las personas que están conectadas ilegalmente a la red de distribución eléctrica y a las que por otros medios roban energía.

La propuesta, rechazada por organizaciones defensoras de los consumidores, tiene 15 artículos que tipifican como robo todas las conexiones ilegales de electricidad.

También propone la incorporación de otros tres artículos al Código Penal, que contemplan sanciones de uno a cinco años de prisión para los infractores.

El planteamiento fue entregado a los diputados de la comisión de energía, bajo el título Ley de Promoción del Uso Lícito y Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Según Fenosa, tiene como objetivo frenar los robos de los usuarios a través de las conexiones ilegales, las que supuestamente le generan pérdidas millonarias.

“Intervencionista, abusiva, inconstitucional”, son algunos de los calificativos con que se refirieron a la propuesta de ley las organizaciones de defensa a los consumidores, las que criticaron tanto a Unión Fenosa como al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el ente regulador del sector eléctrico.

PENAS PARA FENOSA

“INE es el principal culpable de los desmanes de Unión Fenosa. El ente regulador debería estar encima de todo esto y unirse al esfuerzo de defender a los consumidores, pero no es así”, dijo Moisés Mora, director del Instituto Nacional del Consumidor (Indec).

Mora asegura que el Indec tiene en sus manos una propuesta para reformar la Ley 182, de Defensa de los Consumidores, en la que se contempla el delito de estafa, en el que pudieran incurrir los funcionarios de Fenosa.

“Tenemos facturas con las que vamos a demostrar la estafa de Fenosa. Quienes realizan los cortes y las inspecciones son otras empresas que no han sido contratadas por los usuarios. Se cambian los medidores y se oculta información para luego cobrarlos más caro. Las anomalías son muchas”, añadió el funcionario del Indec.

INE: NORMATIVA VIGENTE ES SUFICIENTE

Juan José Caldera, director general y representante administrativo del INE, aseguró ayer que desconocía totalmente el planteamiento de Fenosa; pero dijo que “la normativa vigente (Ley 465) que regula la relación entre la empresa y sus clientes, es más que suficiente”.

“Creo, a mi juicio, que el INE ha cumplido con su función y siempre ha estado de parte de los usuarios, pero también debemos garantizar el buen funcionamiento de la distribuidora”, agregó.

“De momento existen multas para los clientes que sustraen energía. Si Fenosa habla de robos tiene que probarlo, aunque para regular eso ya existe una normativa”, insistió Caldera.

ES PARA FRENAR ROBOS

“Nos interesa encontrar un mecanismo que frene el robo de energía, porque existen las conexiones ilegales y los medidores que son manipulados. Lo que queremos son clientes que paguen su facturación correcta, y queremos un tipo de castigo para las personas que están robando”, dijo ayer a LA PRENSA, Éricka Ramírez, relacionista pública de Unión Fenosa.

“Tampoco estamos diciendo que todo mundo es ladrón, pero las pérdidas por fraude son equivalentes al 15 por ciento de la energía que la empresa compra”, añadió Ramírez, al insistir en que los asentamientos humanos quedaban exentos de esta propuesta mientras no pertenezcan legalmente a la red de distribución eléctrica.

“Hay un intento de hacer confusión de lo que esto (la ley) significa para el país. Es un absurdo decir que hacemos fraude. Nuestros medidores están debidamente calibrados”, aseguró.

UNA LEY “SOLICITADA”

Según Ramírez, la propuesta fue elaborada por Fenosa “a solicitud de los diferentes organismos de los sectores de la sociedad a quienes se les ha planteado la situación financiera difícil que atraviesa la empresa, debido al fraude”.

“Pero esto ni siquiera es una propuesta, es apenas un borrador de trabajo”, dijo Ramírez al referirse a los comentarios vertidos por Ruth Herrera, presidenta de la Red de Consumidores, quien calificó de injerencista a Fenosa, porque “ninguna transnacional puede proponer leyes”.

“Esto es intervenir y violentar los derechos económicos y sociales de los nicaragüenses. Fenosa está llegando a los límites de la tolerancia y lo que debe hacer el Gobierno es cancelarles el contrato, como ya lo hicieron en República Dominicana”, dijo Herrera.

“Te cobran ilegalmente los gastos de comercialización y la energía no registrada. Ellos están totalmente fuera de lugar tanto jurídica como legalmente, y ahora quieren darle carácter legal a sus abusos y atropellos. Es inconstitucional”, agregó.

El diputado Agustín Jarquín, de la Comisión de Energía, consideró necesaria una ley que regule los abusos de los grandes usuarios. “No hablo de los barrios y los asentamientos, sino de las grandes empresas que hacen fraude. Se necesita regular y poner orden dentro del sistema de energía eléctrica, pero paralelo a esto también debe haber una mayor eficacia y justicia de parte del distribuidor”, aseveró.

FENOSA ALEGA MÁS PÉRDIDAS

Cerca de 535 mil clientes han suscrito contrato con Unión Fenosa, sin embargo no tiene un cálculo exacto de cuántos sustraen energía de forma ilegal.