- Alcaldía de San Juan del Sur lo arrendó para venta de artesanías
Noelia Sánchez RicarteCORRESPONSAL/RIVAS
Un nuevo conflicto ha surgido en San Juan del Sur por el arrendamiento de un terreno ubicado frente al mar.
Una ciudadana, a la que el Concejo Municipal en pleno de esta localidad entregó este terreno, fue demandada ante el juzgado local de este municipio por dos sanjuaneños que se consideran perjudicados por la construcción que se hacía en el lugar.
La juez local de este juzgado, Norma Castillo Díaz, ordenó ayer la suspensión provisional de esta edificación mientras dure el proceso judicial.
José Emilio González Ortiz, ciudadano sanjuaneño, demandó ante el juzgado local de este municipio a Érika Dolores Martínez, a quien el Concejo le arrendó el pasado 30 de abril del 2004, 36 metros cuadrados de terreno “para venta exclusiva de artesanías”.
“Mi derecho a disfrutar de las riquezas de mi municipio se ha visto violado por las diferentes administraciones edilicias, y principalmente por las dos últimas que en vez de cuidar y velar por esos bienes se han dado a la tarea de enajenarlos mediante diversas formas”, dice parte de la denuncia que este ciudadano hizo ante el juzgado local de San Juan del Sur.
La denuncia agrega que los gobiernos locales se han dedicado a dejar un beneficio a personas particulares, “despojándonos así a los ciudadanos de un derecho constitucional de disfrutar libremente de nuestras riquezas”.
CONSTRUCCIÓN BLOQUEA VISTA AL MAR
Frederica Clapp Brewer, ciudadana estadounidense que radica en San Juan del Sur justo enfrente del lugar donde se realizaba esta construcción, también introdujo este 27 de octubre ante el juzgado sanjuaneño una denuncia bajo la figura de “interdicto de obra nueva”.
Su argumento principal es que tanto sus antecesores como ella han utilizado como parte de su derecho de propietarios, el ejercicio de vista directa al Océano Pacífico.
SACARLOS A TODOS
Érika Martínez está casada con el costarricense Mainor Brenes y su consideración inmediata en este caso es que “todo se hizo legalmente”.
El esposo de Martínez indicó que planeaban establecer un negocio de artesanías, donde brindarían servicio tanto a turistas nacionales como extranjeros.
“La Constitución establece que la ley es igual para todos, por tanto, para que nos saquen de ahí a nosotros tendrían que sacar a todos, desde El Ostional hasta San Juan del Sur. Siento que lo que se ha dado aquí es un malentendido, pues hemos hecho lo que la ley permite”, indicó Brenes.
Por el local arrendado estos ciudadanos pagarían 0.20 centavos dólar por metro cuadrado y el contrato podría ser prorrogable cada año.
Consultado al respecto, el alcalde de San Juan del Sur, Abelardo Núñez Tenorio, indicó que la decisión de arrendamiento fue avalada por el Concejo Municipal en pleno y, en el caso específico de la denuncia del señor González, dijo que éste “no considera a la gente pobre y no mira hacia adelante en el desarrollo turístico”.
ALCALDE DICE QUE ARRENDAMIENTO ES LEGAL
“Me están haciendo la vida imposible porque dicen que apoyo a Alternativa Cristiana, todo es político, no es para mejorar”, dijo el alcalde Núñez.
Tanto el alcalde como los arrendatarios sostienen que la acción (arrendamiento) efectuada es legal, basándose en el decreto del 23 de septiembre de 1971 publicado en La Gaceta, en que se le da la autorización a la municipalidad de San Juan del Sur para la venta de terrenos ejidales.
LA PRENSA conoció de la construcción permanente de unas siete casetas más que continuarían hacia el sur sobre el bulevar, en el único espacio de costa que queda libre.
El alcalde indicó que en efecto en la Alcaldía se encuentran estas solicitudes para que las construcciones queden permanentes (pues en este momento hay casetas) pero aún no han sido aprobadas por el Concejo Municipal.
