Alberto L. Alemán Aguirre
Tras las reformas a la Constitución aprobadas el martes de esta semana, Panamá habrá introducido cambios a la Carta Magna de 1972 tres veces. Procede ella de la época de los gobiernos militares. Los presentes cambios, al menos desde la distancia, se ven bastante positivos, aunque no faltan las inconsecuencias de la política latinoamericana.
Un análisis frío nos lleva a creer que muchas de las reformas votadas por la Asamblea Legislativa son buenas y algunas de ellas podrían realmente fortalecer el sistema democrático, si se respetan las reglas del juego.
Una importantísima novedad es la posibilidad de que se pueda llamar a una Constituyente por la iniciativa popular, cuando al menos el 20 por ciento de los ciudadanos del padrón electoral respalden con su firma la solicitud. Las otras dos posibilidades son por la vía de una iniciativa del Poder Ejecutivo, o por decisión del Legislativo.
El Canal de Panamá es el sistema vital de la economía del país centroamericano y desde la elección de Martín Torrijos, en mayo pasado, se sabía que el futuro gobierno tendría como uno de sus desafíos fundamentales la modernización de la vía interoceánica.
Las alternativas que se discuten son o bien la construcción de un nuevo canal o el desarrollo de un tercer juego de exclusas, que permita el paso de los modernos y gigantescos buques del tipo Post-Panamax, los cuales, por su ancho, no pueden atravesar el camino acuático.
Con los cambios recién aprobados el Ejecutivo se verá obligado a someter cualquier contrato de este tipo de obras a una doble aprobación. Primero, la Asamblea Legislativa deberá votar favorablemente y luego se convocará a un referendo para que el pueblo panameño dé el visto bueno definitivo a una empresa de tan profundas consecuencias. De producirse un rechazo en la consulta popular, el contrato no podrá ejecutarse.
Sin duda alguna son estos avances legales extraordinariamente positivos y muy democráticos.
¿Se atrevería el gobierno de don Enrique Bolaños o cualquier fuerza política a proponer un referendo en Nicaragua si se aprobase un contrato para construir el famoso canal seco? ¿O a impulsar una reforma que garantice que el pueblo, el soberano, diga la última palabra sobre el tema? A como están hoy las cosas es muy dudoso. Más bien, dados los niveles de corrupción local, muchas mentes que tendrían que decidir deben sentir regocijo al pensar en coimas y favores.
Otra reforma muy importante es la desaparición del concepto de la inmunidad de los diputados, según me explicó el colega Julio Alfaro, reportero político de La Prensa de Panamá.
En su forma anterior, el art. 149 de la Constitución panameña reza así: “Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. En dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa”.
Cuando los cambios entren en vigor, la palabra “inmunidad” ya no estará más allí. Los parlamentarios gozarán siempre de la prerrogativa de no responsabilidad por sus palabras o actos en el ejercicio de su cargo, pero cuando infrinjan la ley fuera de esa área, podrán ser sujetos de un proceso penal.
Sin embargo, he aquí una de las cosas más criticadas de las nuevas reformas: la desaforación del diputado estará en manos de una Corte Suprema de Justicia no exenta de influencias políticas y su enjuiciamiento correrá a cuenta únicamente del alto tribunal.
Y hoy por hoy, sus magistrados están divididos entre los afines al arnulfismo de la ex mandataria Mireya Moscoso, y los que simpatizan con el partido del presidente Martín Torrijos.
