Fulvio Tijerino Pérez
Como recordamos, esta ley es el resultado del clamor popular que demanda una administración de la Justicia sin ribetes políticos, un Poder Judicial imparcial, que no esté influenciado por alguno de los otros Poderes del Estado.
Cuando el Poder Ejecutivo presentó la primera propuesta de esa ley, los jueces recurrieron de amparo por violación a derechos constitucionales. Ahora que la ley es presentada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces no se ampararon por la causa anterior. Quiere esto decir que no existía tal violación a sus derechos constitucionales.
La verdadera razón por la cual se ampararon los jueces fue porque a los dirigentes del FSLN no les gustó que el Poder Ejecutivo propusiera una ley que terminaría con sus injerencias partidarias en dicho poder del Estado. La propuesta de ley presentada por el Poder Ejecutivo aniquilaba el poder político del FSLN en el Poder Judicial, pues no permitía la elección de jueces por injerencias partidarias y sometía a los ya nombrados a actuar con decoro, apegados a las leyes y no a las consignas de un determinado partido.
En aquella ocasión los jueces “a la carrera” se ampararon porque el PLC estaba dispuesto a aprobar la moción de ley presentada; las circunstancias eran adversas para el FSLN. En esta ocasión con una propuesta de ley bien maquillada por los magistrados, en la que se preserva la hegemonía política del FSLN en el Poder Judicial y dado que existe un ambiente de complicidad entre el PLC y el FSLN, “»a la carrera” presentan una nueva moción de ley que debe ser aprobada sin dilación por el Poder Legislativo.
Cuando se piensa en esa ley de la carrera judicial y escuchamos las opiniones de profesionales del Derecho en el ejercicio de su profesión y de estudiantes de la misma especialidad, así como de los funcionarios del Poder Judicial, podemos deducir que cada grupo está interesado en la aprobación de leyes que satisfagan sus propios intereses. No se percibe en ellos el interés supremo de que esta ley sirva para que el Poder Judicial adquiera su verdadera independencia e institucionalidad.
Ahora que la ley ha sido aprobada de forma festinada, respondiendo a los intereses de los dos partidos políticos, sin perjuicio de sus intereses partidarios y en detrimento de la administración de la Justicia con imparcialidad, debemos estar conscientes de que ésta no es la ley de la Carrera Judicial que el pueblo nicaragüense necesita, sino que es una ley del Poder Judicial hecha a la carrera para ahogar el clamor de justicia. Dicha ley debe indicar que los jueces y magistrados deben ser elegidos sin influencia partidaria y también debe prohibir que los mismos participen en actividades de tipo partidario o que emitan opiniones personales que revelen su inclinación partidaria; mucho menos que sus fallos reflejen alguna influencia partidaria.
El autor es maestro jubilado.
