José Adán Silva
Los cálculos otra vez no coinciden y el pleito de las instituciones públicas que reciben dinero del Estado ha comenzado con un fuerte reclamo de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a quien le piden más de mil millones de córdobas para el Presupuesto del 2005.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno se reunió ayer con su equipo administrativo para sacar las cuentas sobre el presupuesto que el Estado le proporcionará para su administración en el 2005 y el cuatro por ciento del Presupuesto General de la República que, de acuerdo con la Constitución, le corresponde al Sistema Judicial.
Así, de entrada, la presidenta de la CSJ, Yadira Centeno, rechazó ayer los 631.3 millones de córdobas que el MHCP propuso para el 2005.
El reclamo se basa, de acuerdo a Centeno, en que el Gobierno calculó los 631.3 millones en base a recursos obtenidos por la CSJ por otras vías.
Centeno dijo que el Gobierno incluyó en el Presupuesto del 2005 para la CSJ unos ingresos que no debería incluir, porque no forman parte del presupuesto general, como son los 43.6 millones de córdobas obtenidos por los servicios del Registro Público, más 42.8 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y 13 millones de donaciones externas.
ASIGNACIÓN DE HACIENDA LES CREA DÉFICIT
“Es decir que lo que verdaderamente propone asignar al Poder Judicial el MHCP proveniente del Presupuesto General de la República son sólo 531.9 millones de córdobas, lo cual equivale únicamente al 3.37 por ciento del Presupuesto General, calculado por el MHCP en 15,783 millones de córdobas”, dijo la magistrada.
Centeno dijo que el verdadero cuatro por ciento del Presupuesto General equivale a 631.3 millones de córdobas, y que la propuesta del MHCP los dejaría con un déficit de 99.4 millones.
Esta cantidad, a juicio de Centeno, representa el 47.8 por ciento de los recursos que supuestamente la CSJ necesita para el próximo año: 1,113 millones de córdobas.
De no aprobarse la cantidad solicitada por la CSJ, según la magistrada Centeno, el 50 por ciento de las necesidades del Poder Judicial quedarían desatendidas, lo que se traduciría, de acuerdo a la magistrada, en la no apertura de juzgados en los nuevos municipios de Ciudad Sandino, El Crucero, El Cuá, El Ayote, Wiwilí y Mulukukú.
Además, advierte la magistrada, si el Gobierno no les aprueba los mil millones de córdobas para el 2005, no se podrán crear los nuevos juzgados que demanda la implementación del Código Procesal Penal para los juzgados locales; tampoco habría reajuste salarial para los trabajadores del Poder Judicial, ni salarios completos a los jueces suplentes, ni pago de vacaciones, ni capacitaciones, etcétera.
