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Ortega debe tomar el reto
El señor Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se ha autoerigido en referente moral de la política nicaragüense. Y sin duda que es bueno para la sanidad ética de la República que el señor Ortega, sus compañeros de partido y otros dirigentes de distintas fuerzas políticas levanten también el estandarte de la lucha contra la corrupción, y ojalá que también contra la impunidad. Pero hay que predicar con el ejemplo.
La transparencia, hemos dicho en múltiples ocasiones anteriores, porque en las circunstancias de Nicaragua es tema de todos los días, constituye un factor determinante para el buen funcionamiento de la democracia, el desarrollo material y la convivencia civilizada en la sociedad. La transparencia, aplicada en el ámbito del poder político significa una honestidad evidente, a toda prueba, pública e incondicional. No basta con que el gobernante, el dirigente político y el funcionario público en términos generales sea honesto, sino que debe demostrarlo de manera explícita, pública y convincente. O sea que en el ejercicio del poder público la transparencia significa rendición de cuentas, pero no sólo para la satisfacción del mismo funcionario y de sus correligionarios y allegados, sino de toda la sociedad.
De manera que el señor Daniel Ortega debería aceptar el reto que le planteó el lunes de esta semana el presidente Enrique Bolaños, de acudir a un escenario público y rendir cuentas a todos los nicaragüenses del origen de los fondos y de los gastos de campaña electoral de su partido, y para que tenga más credibilidad, del origen de sus bienes materiales y recursos económicos personales, familiares y partidistas.
La misma exigencia de transparencia que con toda razón y derecho se le hace al presidente Enrique Bolaños se le debe hacer también a Daniel Ortega y el Frente Sandinista, así como a los dirigentes del PLC y en general de todos los partidos y alianzas políticas de Nicaragua. Y no debería escudarse el señor Ortega, pretendido referente moral de la política nicaragüense, en argumentos como el que no son las escrituras de sus propiedades ni el pago de sus impuestos lo que está en discusión. Si no tiene nada que ocultar tampoco tendría nada que temer.
Es notorio que en las campañas electorales del FSLN y de Daniel Ortega se gastan enormes cantidades de dinero, igual e inclusive más que lo que gastaron en la campaña del 2001 el PLC y el presidente Enrique Bolaños. En todo caso, es evidente que el partido FSLN gasta en sus campañas electorales mucho más dinero que lo que reconoce en sus informes al Consejo Supremo Electoral.
Precisamente por esa falta de información apropiada es que el financiamiento del FSLN es causa de muchos y diversos comentarios sobre el origen de la mayor parte de los cuantiosos recursos que gasta en sus campañas electorales: Saddam Hussein (cuando estaba en el poder, no en la cárcel como está ahora) Muammar Gadafi, Fidel Castro, Hugo Chávez, etc.
Pero, además, Daniel Ortega y todos los dirigentes y miembros del FSLN que desempeñan cargos estatales deberían rendir cuentas públicamente y al centavo sobre el origen de sus propiedades, empresas y todos los bienes importantes que poseen ahora y que antes no poseían.
Después de la amarga experiencia de los años ochenta del recién pasado siglo XX, los sandinistas tienen que garantizarle a la sociedad nicaragüense y a la comunidad democrática internacional, que si regresaran al poder —al Ejecutivo, porque los demás poderes del Estado ya los tienen— respetarán las libertades individuales y los derechos humano. Y que no volverá a suceder lo que ocurrió cuando gobernaron de 1979 a 1990, que como expresa el escritor sandinista Ernesto Cardenal en su libro Una vida perdida, unos cuantos líderes del FSLN se volvieron millonarios.
Por su parte los empresarios privados y las personas particulares pudientes no deberían darle a los políticos contribuciones anónimas que violan la Ley Electoral y los principios de transparencia. Eso significa simple y sencillamente fomentar la corrupción.
