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Incentivos en el sector público
La actitud de la Presidenta Ejecutiva del INSS, Edda Callejas, de devolver el dinero que el Consejo Directivo de esa institución le otorgó como incentivo por su buen desempeño laboral —lo mismo que a los demás miembros de dicho Consejo— es una encomiable demostración de integridad y capacidad de rectificación.
Y es mayor su mérito, porque el Presidente de la República —a quien la señora Callejas debe su nombramiento en tan alto y apetecido cargo público—, no estuvo de acuerdo con que devolviera ese dinero. “Yo no estoy de acuerdo con que ella los fuera a devolver”, aseguró el presidente Enrique Bolaños, primer servidor público de la Nación, el miércoles de esta semana, según él porque “el dinero correspondiente al incentivo que recibió (…) legalmente le pertenece a ella” (LA PRENSA, jueves 7 de octubre, 2004).
Esa es la misma posición a la que se aferró el presidente Bolaños en el caso de la jugosa pensión de Vicepresidente de la República, que estuvo recibiendo durante muchos meses y cobrando al mismo tiempo el sueldo presidencial, a pesar de que había renunciado a la Vicepresidencia antes de concluir su período, porque quería alcanzar la Presidencia de la República. En aquella ocasión el presidente Bolaños se justificó diciendo que era legal recibir la pensión de Vicepresidente al mismo tiempo que el sueldo presidencial, pero el escándalo deterioró su imagen y le restó credibilidad a su lucha contra la corrupción. Finalmente renunció a la pensión pero ya el daño a sí mismo estaba hecho.
En el mundo hace mucho tiempo que se resolvió la discusión sobre el vínculo y la diferencia entre lo legal y lo ético. Pero no en Nicaragua, donde predomina un relajamiento moral que provocó la revolución sandinista y se agravó con la inconsistencia ética de la transición democrática.
En realidad, aunque sea legal que los funcionarios públicos reciban o se asignen “incentivos” con dinero de los fondos públicos que administran, como gratificación por los servicios que prestan a la sociedad y al Estado, éticamente es incorrecto que lo hagan porque desnaturalizan la función pública al aprovechar el ejercicio del poder estatal para su beneficio personal.
Es evidente que en Nicaragua no se ha podido poner fin al dañino problema de la confusión de intereses Estado-partido y Estado-persona, que se suponía era característica de los regímenes autoritarios (somocista y sandinista) pero la experiencia ha demostrado que se trata de un defecto de la cultura política nacional y una manifestación de la falta de formación cívica y ética, en la sociedad y en la administración pública.
Por otra parte, la incorporación de representantes de la empresa privada al servicio público ha enriquecido la gestión del Estado con cualidades como el sentido de eficiencia, la puntualidad, la responsabilidad en el cumplimiento de los contratos y la palabra, la adecuada atención al usuario, etc. Pero también ha contaminado la función gubernamental con la mentalidad empresarial de búsqueda del lucro particular, lo que contradice uno de los principios básicos de la administración pública, cual es el de servir sin ánimo de obtener a cambio una gratificación material adicional al sueldo justo correspondiente.
Eso no significa que los funcionarios públicos tengan que ser mal pagados y que no se les reconozca su calidad y capacidad profesional ni su eficiencia. Por el contrario, a los buenos funcionarios hay que pagarles bien, pero no para que no roben, como decía con descaro el ex presidente Arnoldo Alemán, porque de todas maneras robaban, sino porque la calidad personal, el talento, la dedicación y la eficiencia de quienes administran el aparato público, tiene que ser apropiadamente remunerado.
En Nicaragua ningún alto funcionario público puede alegar, con razón, que recibe un sueldo insuficiente, como sí es miserable el de los empleados públicos en general, maestros, trabajadores de la salud y policías.
Los sueldos y complementos de los altos funcionarios son satisfactorios, y por eso, así como por la ética del servicio público, es incorrecto que reciban incentivos y sobresueldos de cualquier clase, lo que es lógico y necesario que ocurra en la empresa privada en la que el objetivo de lucro obliga más bien a incentivar el buen desempeño y los mejores resultados personales.
