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Galería de la infamia
Dos ex presidentes de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez, se han incorporado a la galería de la infamia (descrédito, deshonra) de América Latina, como se le llama a la lista de personas que cometieron actos de corrupción mientras ejercieron el poder en sus respectivos países.
En esa galería, en la que sólo están los ex gobernantes corruptos de la época democrática, que comenzó a finales de los años ochenta del siglo XX, se encuentran los ex presidentes ecuatorianos Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad; los peruanos Alan García y Alberto Fujimori; el venezolano Carlos Andrés Pérez; el brasileño Fernando Collor de Melo; el argentino Carlos Menem; los paraguayos Juan Carlos Wasmosy y Luis González Macchi; el boliviano Sánchez de Lozada; el mexicano Carlos Salinas de Gortari, y los nicaragüenses Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, entre otros.
El caso del costarricense Miguel Ángel Rodríguez está teniendo mucha resonancia internacional, porque él desempeña actualmente el cargo de Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, en Nicaragua Rodríguez es muy conocido y recordado por el conflicto que él planteó cuando era Presidente de Costa Rica (1998-2002), al reclamar un inexistente derecho de navegación armada sobre el nicaragüense río San Juan. Igualmente Rodríguez fue quien autorizó la concesión minera de Las Crucitas, cuyo impacto ambiental sería desastroso para la cuenca del río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua. Aunque justo es reconocer que Rodríguez también decretó una amnistía migratoria que favoreció a millares de inmigrantes nicaragüenses radicados en Costa Rica.
En realidad, Rodríguez debería renunciar a la Secretaría General de la OEA, o ser destituido, porque éste es un cargo de mucha autoridad internacional que requiere de quien lo ejerza intachables méritos políticos y éticos. Por eso fue que Rodríguez asumió solemnemente la Secretaría General de la OEA, el recién pasado 23 de septiembre, en presencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, incluyendo al Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer. También por eso, y porque sin duda en Costa Rica hay otra cultura política, el Presidente de la República y la Asamblea Legislativa de Costa Rica, le pidieron a Rodríguez que renunciara a la Secretaría General de la OEA y que no se amparara en ese cargo para evadir la justicia costarricense.
A Rodríguez se le acusa de haber recibido 1.2 millones de dólares de la compañía francesa de teléfonos, Alcatel, como gratificación por los contratos de unos doscientos millones de dólares que dicha empresa transnacional logró con la telefónica estatal costarricense. Y por cierto que esta acusación no surgió de ningún rumor sino que fue uno de sus más cercanos colaboradores, el ex ministro de Vivienda, José Antonio Lobo, quien era directivo de la telefónica estatal cuando ésta negoció el contrato con Alcatel, quien confesó haber recibido el “premio” de dos millones de dólares y que Rodríguez lo obligó a entregarle el 60 por ciento.
Según Rodríguez, si él renuncia a la Secretaría General de la OEA estaría reconociendo su culpabilidad, la que tienen que demostrársela. Pero semejante alegato es inadmisible porque son los funcionarios públicos quienes tienen que demostrar su inocencia cuando se les acusa de abusos de cualquier clase, y no al revés como ocurre con las personas comunes y corrientes. Por eso es que Rodríguez fue expulsado de su partido político y después el Presidente de la República -que es su correligionario-, le exigió que renunciara al cargo en la OEA, y lo mismo le pidió la Asamblea Legislativa para no que no siga dañando la imagen internacional de Costa Rica.
Es encomiable esta actitud del presidente Pacheco y de los diputados costarricenses, como también la del ex presidente Calderón Fournier que renunció voluntariamente a su partido y depositó una suma equivalente a los 540 mil dólares que, según la acusación, él recibió como “gratificación” de una compañía finlandesa que vendió equipos médicos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Rodríguez, si no renuncia a la Secretaría General de la OEA debería ser destituido por este organismo, y sustituirlo con otro centroamericano porque dicho cargo tiene que permanecer en la sub región.
