Moisés Martínez
El Consejo de Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), conocía las intenciones de los diputados de la Asamblea Nacional de nombrar a dos administradores interinos de esta institución sin facultades para establecer políticas regulatorias en el sector eléctrico, movimiento que ha sido calificado por el Gobierno como un “golpe de estado técnico” de parte de los legisladores.
El diputado David Castillo, miembro de la Comisión de Transporte y Energía del Parlamento, reveló incluso que fueron los mismos directivos del INE quienes sugirieron esta medida, debido a que los parlamentarios les aseguraron que sus intenciones reales están enfocadas en la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP), lo cual podría darse en unos 50 días.
“Unos 15 días antes que aprobáramos la resolución en la Asamblea, nosotros nos reunimos con todo el Consejo Directivo del INE y sus principales figuras técnicas. Ellos conocían totalmente de nuestras intenciones, e incluso nos sugirieron los nombres de los funcionarios idóneos para administrar el INE mientras decidíamos lo de la Superintendencia”, añadió el parlamentario.
La Asamblea nombró la semana pasada a Juan José Caldera, director de Electricidad de la institución y a Enrique Villagra, asesor legal, como administradores del INE, pero sin ninguna facultad para tomar decisiones relacionadas con el manejo del sector energético, lo que según el Gobierno, dejó en un “limbo” a todos los agentes eléctricos de la nación.
Intentamos obtener la versión de Caldera sobre las declaraciones del diputado, pero éste no atendió nuestras solicitudes de entrevista hechas a través de la Oficina de Relaciones Públicas del INE.
Castillo dijo que las autoridades del INE aseguran que los temas pendientes en el sector eléctrico son: el estudio de las ofertas para la explotación geotérmica en las áreas Hoyo-Monte Galán y Managua-Chiltepe, y la discusión de la propuesta de ajuste tarifario que hará Unión Fenosa, temas que dijo serán discutidos por las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos, que serán aprobadas dentro de 45 días.
