Roman, Times, serif»>
La lucha por “el chanchito”
El presidente Enrique Bolaños salió ayer en defensa de la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), señora Edda Callejas, y además trató de cerrar el capítulo de la denuncia que un contralor hizo públicamente contra dicha funcionaria por supuestos abusos en el ejercicio de su cargo, al señalar (el Presidente) que todo lo hecho por ella es legal.
Días antes, la mencionada funcionaria pública aseguró a los periodistas que la acusación del contralor liberal arnoldista, Guillermo Argüello Poessy, tenía el interés político de desacreditar al Gobierno y justificar el empeño de los diputados del PLC y del FSLN por arrebatarle al Poder Ejecutivo el control del Seguro Social.
Como es sabido, los diputados de ambos partidos, que pactaron en 1999 para repartirse las principales instituciones del Estado, ahora se han puesto de acuerdo para reformar la ley del INSS —que a pesar de estar en situación de “quiebra técnica” es una de las pocas instituciones del Estado que maneja y recauda cuantiosas sumas de dinero—, a fin de que su Presidente Ejecutivo ya no sea nombrado por el Presidente de la República, sino por la Asamblea Nacional.
Por eso la Presidenta Ejecutiva del INSS ha movilizado a los funcionarios y empleados de esa institución, y ha llamado a todos los trabajadores para que defiendan “el chanchito”, o sea los fondos del Seguro Social, en alusión a la popular figura del cerdito que tienen por lo general las alcancías de ahorro doméstico.
Sin embargo la funcionaria no desmintió sino que justificó los hechos denunciados por el contralor liberal, entre los que se cuentan algunas “ayudas sociales” del INSS a empresas privadas y personas particulares, por ejemplo una de 10 mil córdobas para el evento Ben Hur del ministro Pedro Solórzano, y otra de 10 mil dólares para el ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), doctor Anastasio Somarriba Barreto; así como la asignación de un bono del 100 por ciento del equivalente a su salario mensual, para la Presidenta Ejecutiva del INSS, y 15 días de salario para los miembros del Consejo Técnico y Asistente de la Presidencia Ejecutiva, “como incentivo por haber superado las metas esperadas en términos de incremento de ingresos, reducción de gastos y sobrecumplimiento de superávit”.
En realidad, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por el mismo INSS esta institución ha mejorado notablemente bajo la Presidencia Ejecutiva de la señora Callejas. Sus logros radican no sólo en el ámbito de la macro administración —aumento de las reservas de dos mil millones a unos tres mil trescientos millones de córdobas— sino también en beneficios directos a los asegurados, pues el año pasado se aumentaron las pensiones y jubilaciones en unos 122 millones de córdobas y las prestaciones médicas se incrementaron en más de 79 millones. Eso significa que en el 2003 “se incrementó el monto de las pensiones para 61 mil beneficiarios, de los cuales 32 mil 619 son jubilados, cifra que representa el 86 por ciento de esta población”, de acuerdo con lo que informó a LA PRENSA, en febrero de este año, la Presidenta Ejecutiva del Seguro Social.
Sin embargo, los incentivos monetarios, que son normales y necesarios en las empresas que tienen fines de lucro, resultan anti-éticos en el servicio público, porque éste no persigue beneficios propios, opera con fondos de los ciudadanos y su manejo debe ser austero. Todos los funcionarios públicos, y sobre todo los de rango superior, están obligados a hacer su trabajo de manera eficiente y honesta, sin esperar gratificaciones y mucho menos otorgarse recompensas materiales. Suficiente es la dignidad que da del privilegio de servirle al público y el cuantioso y lucrativo sueldo y los privilegios adicionales que los altos funcionarios reciben habitualmente.
Sin duda que los hechos denunciados por el contralor liberal arnoldista no se parecen en nada al gigantesco latrocinio que se hizo con los fondos del Seguro Social en el gobierno de Arnoldo Alemán. Además, como dijo ayer el presidente Bolaños, las “ayudas sociales” y las bonificaciones de los altos funcionarios del INSS se hicieron de manera legal. Pero éticamente nada justifica el aprovechamiento de los altos cargos gubernamentales para repartir y obtener beneficios personales, de cualquier clase y monto que sean.
