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El Foro de la Educación
Hoy y mañana se celebrará en Managua el Foro Nacional de Educación, cuya convocatoria es parte de los acuerdos entre el Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Universidades para resolver la más reciente crisis creada —en abril del corriente año— por el problema del seis por ciento del Presupuesto General de la República para las universidades públicas y otras que son financiadas por el Estado.
Se espera que este foro sirva, ante todo, para que no se vuelvan a repetir los actos de violencia universitaria. En realidad, los representantes del Gobierno, CNU y organismos cívicos que van a participar en el Foro están obligados a ponerse de acuerdo para que, sin más violencia ni chantajes institucionales, se cumpla el precepto constitucional sobre el seis por ciento; para que éste sea calculado de manera racional y honesta, sin gravar los ingresos extraordinarios del Estado por concepto de préstamos, donaciones y otros recursos de cooperación externa; y para que el Gobierno adopte y ejecute una política presupuestaria de interés social y consecuente con las necesidades fundamentales de la educación.
Sobre la importancia de la educación como motor del desarrollo nacional y clave del progreso social ya se ha discutido bastante en el país. En realidad, los debates sobre la importancia primordial de la educación para dignificar a todos los nicaragüenses y para impulsar efectivamente el desarrollo nacional, se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y a estas alturas son muy pocas las personas que pueden decir con razón que todavía no están claras de que la salida a la crisis crónica en que vive empantanada la sociedad nicaragüense está en el campo educativo.
En todo caso, los líderes del país y los representantes de la sociedad que van a dialogar en el Foro Nacional de Educación están perfectamente claros de la situación, y lo único que les hace falta es ponerse de acuerdo en los cambios de fondo y formales que es necesario determinar y ejecutar.
Por ejemplo, hay que buscar consenso en la necesidad de fortalecer el presupuesto del Estado para educación, de manera que se pueda cubrir sin sobresaltos el seis por ciento universitario. Pero también para que haya recursos que permitan aumentar el sueldo de los docentes de primaria, secundaria, formación técnica y universitaria; para ampliar y mejorar la oferta educativa del Estado en términos generales, para absorber a la masa de niños y jóvenes que se quedan cada año sin poder ir a la escuela, para contrarrestar la deserción escolar, para mejorar los contenidos de la educación, etc.
Todo eso se podría comenzar a atender con sólo cambiar o invertir las prioridades presupuestarias que han sido establecidas y ejecutadas hasta ahora. Por ejemplo, en los días anteriores se ha informado ampliamente acerca de que la Asamblea Nacional está afrontando actualmente una grave crisis presupuestaria —además de la bancarrota política y moral en que se encuentra desde hace tiempo—, pues los diputados ya gastaron la cuantiosa asignación del Poder Legislativo, de modo que ya no les queda dinero para cubrir las operaciones legislativas durante lo que resta del presente año fiscal.
De acuerdo con las informaciones que han sido suministradas por fuentes parlamentarias oficiales, la Asamblea Nacional gasta demasiado dinero del pueblo nicaragüense en los jugosos salarios que devengan los diputados y otros altos funcionarios parlamentarios; en las regalías de combustible, gastos de representación, casi medio millón de córdobas anuales para gastos sociales de proselitismo político; así como en el pago de numerosos “asesores” que lo único que hacen es cobrar de ocho mil hasta 30 mil córdobas y más.
De manera que hay sobrada razón para hacer lo que ya hemos propuesto anteriormente, en el sentido de que el Poder Ejecutivo en su propuesta de Presupuesto General de la República para el próximo año debería reducir a la mitad la asignación que le corresponde a la Asamblea Nacional; que debe hacer lo mismo con las transferencias presupuestarias a las instituciones que los diputados pretenden controlar a partir del próximo año, y que transfiera esos recursos al rubro de la educación pública, que es donde más y verdaderamente se necesitan.
