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El “escándalo Harris”
Ningún juez o tribunal que juzgue conforme a derecho al súbdito británico Bruce Harris, ex director de la Casa Alianza para América Latina, podría condenarlo sólo por la denuncia de que sostuvo relaciones homosexuales con un joven de 19 años que fue residente en un albergue hondureño de dicho organismo no gubernamental internacional, creado precisamente para proteger los derechos humanos de niños y adolescentes.
Según las informaciones conocidas, la relación homosexual entre ambos sujetos ocurrió en Honduras y fue por mutuo acuerdo, inclusive mediante una paga en dinero, de manera que no hubo acción punible imputable al ex dirigente regional de la Casa Alianza, quien fue despedido de su cargo por la mencionada institución que al mismo tiempo ofreció públicamente sus disculpas por el incidente.
Por otro lado, es evidente que a Harris le montaron una trampa las autoridades hondureñas, que están visiblemente molestas por las denuncias que hizo el ex funcionario de Casa Alianza sobre supuestas violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes que habría cometido o tolerado el Gobierno de Honduras.
En realidad, el “escándalo Harris” es más bien un problema ético que golpea severamente la credibilidad y confianza en la Casa Alianza y demás entidades no gubernamentales y privadas, civiles o religiosas, que operan en el ámbito de la protección y defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes en situación de riesgo, particularmente de su integridad sexual que es atacada con alarmante frecuencia en la calle y en los mismos hogares de las amplias zonas marginales de nuestros países latinoamericanos.
No cabe duda de que quienes trabajan para y en las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos de los niños y adolescentes tienen que ser personas normales en la esfera de sus prácticas sexuales, pero además deben ostentar irreprochables antecedentes y tener una conducta ejemplar, tanto en su vida personal como en su actividad social.
Ahora bien, si a pesar de todo el cuidado con el que supuestamente se escoge al personal y los directivos de instituciones como la Casa Alianza, se descubre que alguno de sus funcionarios comete abusos de cualquier clase contra las personas que se supone debe proteger, entonces hay que separarlo inmediatamente de sus funciones, poner el caso en conocimiento del público, castigar mediante los mecanismos propios del organismo en cuestión la conducta indebida —como hizo la Casa Alianza con Bruce Harris—, pero también llevarlo ante las autoridades públicas para que se haga justicia, se repare por el daño cometido o se pague por él y se proteja el prestigio de la institución traicionada.
En estos casos es inaceptable lo que ha argumentado públicamente Bruce Harris, de que es injusto que se le condene por un “desliz” de quince minutos porque durante quince años defendió los derechos humanos de los niños y adolescentes de América Latina. La verdad es que no se puede justificar y mucho menos perdonar ni siquiera un minuto de “debilidad”, pues el defensor de los derechos humanos y protector de la integridad humana de los niños y adolescentes tiene que ser un ejemplo de virtuosidad, incluyendo la normalidad sexual, y no una persona que comete “deslices” como el que cometió el señor Harris con el joven hondureño.
Pero tampoco por esto se debe condenar a la institución como tal ni a todos los organismos y personas que operan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes y que trabajan en los albergues de niños de la calle y jóvenes transgresores; del mismo modo que ha sido injusto condenar a toda la Iglesia Católica por los abusos sexuales que a título personal han cometido en algunos países ciertos sacerdotes y prelados, y que fueron debidamente denunciados por las víctimas y por la prensa independiente.
Lo importante es que a partir de esta experiencia las autoridades competentes investiguen —pero de verdad— cuál es la situación interna que hay en la Casa Alianza y en otras entidades del mismo giro, y que se castigue a los culpables de los abusos si es que se comprueba que estuvieran cometiéndose en ellos.
