Johnny Cajina Guillén
El Comité de Residentes de Villas de Santa Fe suponen que algo turbio se esconde detrás de una ordenanza municipal que entró en vigencia el año pasado y que mandó a reducir las áreas verdes de los nuevos repartos capitalinos.
La ordenanza que entró en vigencia en abril del 2003 y fue aprobada en febrero de ese mismo año por el Concejo Municipal de Managua, surgió por la necesidad de definir de una vez por todas el tamaño de las áreas comunales de las nacientes urbanizaciones, lo que en teoría bajaría el precio de los terrenos y por ende paliaría el déficit habitacional de la capital.
Hasta ese entonces, la Dirección de Urbanismo mandaba a cumplir lo convenido por un antiguo reglamento que dejaba como territorio comunal, entre el 21 y el 14 por ciento del área total a urbanizarse.
Sin embargo, debido a que esa normativa se aplicaba específicamente a proyectos habitacionales de interés social, ya desde la administración del alcalde Roberto Cedeño Borgen (1996-2000) se disminuyó el tamaño de las áreas verdes al 10 por ciento.
Según Urbanismo, la ordenanza 01-2003 mantiene en un 14 por ciento el área comunal para los barrios densamente poblados debido a las necesidades de equipamiento comunitario que éstas presentan y por la misma razón redujo ese territorio hasta en un cinco por ciento para las grandes residenciales.
No obstante, a más de un año de aplicarse la controversial ordenanza, ya están quedando al descubierto algunas irregularidades, que aparentemente han ocurrido en la Dirección de Asuntos Legales de la municipalidad.
VECINOS TIENEN PRUEBAS
Rosa Argentina Varela, presidenta del Comité de Residentes de ese apacible reparto de clase media, desde mayo pasado lidera una batalla en contra de la compañía Productos Agroindustriales, S.A. (Proagsa), urbanizadora que en 1996 les vendió el reparto con un área comunal de cuatro mil 324 metros cuadrados, y ahora, casi una década después, pretende reducírselas a menos de la mitad al amparo de la ordenanza 01-2003.
Los vecinos de Santa Fe tienen razones de peso que justifican su molestia, pues en su poder tienen las pruebas irrefutables para demostrar que sus áreas verdes no pueden ser afectadas por una ordenanza, que al parecer se está aplicando con carácter retroactivo.
La señora Varela mostró una constancia emitida a mediados de agosto pasado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la cual se certifica la existencia de una escritura pública de donación de calles y áreas comunales a favor de la Alcaldía de Managua por parte de Proagsa.
HAY DOS ESCRITURAS
La escritura número nueve, que rola en el protocolo número siete de la notario María Dolores Montenegro Porras, fue firmada el 27 de febrero de 1996 por William Ramírez Lacayo, en representación de Proagsa y el entonces recién electo alcalde de Managua, Roberto Cedeño Borgen.
Pero las suspicacias surgieron luego que el máximo Tribunal de Justicia emitiera otra constancia, que comprueba que la abogada Fanny García Morales también reporta en su protocolo número 31, la escritura pública número 167, en la que Ernesto José Urcuyo, socio de Proagsa, hace una nueva donación de calles y áreas comunales a la municipalidad.
Esta segunda escritura en la que se reduce a menos de la mitad el área comunal donada originalmente en 1996, fue firmada el 18 de septiembre del 2003 por el alcalde Herty Lewites, exactamente tres meses después que la comuna emitiera al amparo de la ordenanza 01-2003, la resolución administrativa 07-2003, que convirtió otra vez a Proagsa en dueña de un lote de dos mil 450 metros cuadrados de extensión, la mayor de las dos áreas verdes de Santa Fe.
“Pero los bienes de la comuna no se pueden vender, donar o ceder a ningún particular. Algo raro está ocurriendo y no creo que el alcalde esté enterado de esto”, añade Varela, tras explicar que la querella vecinal inició cuando la Dirección de Urbanismo negó el permiso para instalar en el sitio un parque infantil.
La ordenanza municipal cubre a “aquellas urbanizaciones que no hayan finalizado su urbanización o concluido su trámite de donación de las áreas comunales a la municipalidad”. Proagsa ya había donado esas áreas a la Alcaldía en 1996.
AUTORIDADES EVASIVAS
El director de esa dependencia, arquitecto Gerald Pentzke, dijo por su parte que esa decisión se tomó porque la oficina de Asuntos Legales de la municipalidad le comunicó oficialmente que el área en disputa no era propiedad de la Alcaldía.
Sin embargo, una fuente de la municipalidad entregó a LA PRENSA copias de documentos que afirman lo contrario.
Se intentó en diferentes oportunidades obtener una respuesta del director general legal, Efraín Delgado Vanegas, en torno a la existencia de las dos escrituras de donación, pero tras varias evasivas, éste se limitó a responder hace dos semanas que el caso de Santa Fe estaba en revisión.
Asimismo, se intentó establecer comunicación con los socios de Proagsa, pero aparentemente esa empresa ya no existe. En tanto, que familiares muy cercanos a Urcuyo aseguraron que éste residía en Guatemala y que era probable que visitara el país en el transcurso de esta semana.
CONSTRUCTORA SE ESFUMÓ
El Comité de Residentes interpuso una demanda en contra de Proagsa ante la Dirección de Defensa del Consumidor, institución que aparentemente tampoco da con el paradero de la constructora.
La presidenta de ese comité, Rosa Argentina Varela, asegura que el alcalde Lewites se comprometió a revertir todo lo actuado si presentaban las pruebas. No obstante, todos los intentos por obtener una cita con el edil han sido en vano.
Los afectados entregaron a las autoridades una misiva en la que solicitan dejar sin efecto la segunda escritura de donación y se reservaron el derecho de llevar el caso por la vía judicial.
