Douglas Carcache
La amenaza que representan buseros y taxistas para los ciudadanos que transitan por la ciudad de Managua, a pie o en vehículos, está comprobada desde hace rato, por los sucesos que relatan los periódicos y por las estadísticas que recoge la Policía. Lo nuevo es que esos conductores insolentes cuentan ahora con el apoyo de los diputados.
Los legisladores, que se supone trabajan para favorecer a la población, reformaron una ley tratando de que los transportistas paguen poco por un seguro sobre daños a terceras personas y dejaron impreciso el monto que podría percibir, de ese seguro, cualquier afectado por las imprudencias de buseros y taxistas.
En pocas palabras, los diputados han tratado de ayudar a los transportistas, a costa de la salud o la desgracia de los ciudadanos que en el futuro sean embestidos por quienes no respetan semáforos, bulevares ni derechos de vía.
Los números no engañan. De enero a agosto del 2004, en un período de 240 días, buseros y taxistas de Managua se vieron involucrados en 1,348 accidentes de tránsito, en los que hubo cinco muertos y 88 lesionados, un promedio de once lesionados por mes por esa causa.
Aún así los transportistas han tenido preferencias increíbles, como no haber pagado hasta hoy el seguro de daños contra terceros, impuesto desde marzo pasado a todos los vehículos particulares del país. Esto me ha dejado la sensación de que, para las autoridades, los conductores de carros privados son más proclives a provocar accidentes que los de servicio público que corren sin respetar a nadie.
Siempre he creído que la Policía es floja con los transportistas y dura con los otros conductores, pero mi decepción aumentó al ver la mano de los diputados del Poder Legislativo protegiendo a homicidas en potencia, porque eso son los que aferrados a un timón violan las leyes en las calles de una ciudad.
Los líderes de los transportistas dijeron con descaro el viernes que ellos no son irresponsables, porque sus conductores portan el seguro de sus licencias y el problema son los otros conductores, los arrollados, porque no saben reclamar las indemnizaciones.
Ese seguro de licencia al que ellos se refieren sólo cubre algunos daños de los vehículos, mientras el seguro que se han negado a pagar incluye gastos médicos para los lesionados. Con sus argumentos, los transportistas nos están indicando que para ellos es suficiente con reparar los daños que causan a la propiedad, y no les importan los daños a las personas.
En ningún momento se reprocharon por cometer cinco o más accidentes por día en Managua, como si esa secuela fuera algo normal, sino que “aconsejaron” a los ciudadanos afectados que aprendan a gestionar las indemnizaciones ante las empresas aseguradoras.
Creo que dentro de los índices de inseguridad ciudadana del país, la Policía ya debería incluir el factor de los transportistas, por ser una amenaza constante para la vida de los ciudadanos.
