Marcela Sánchezwashingtonpost.com
Adentro y a la izquierda de las principales puertas de la Catedral Nacional de esta capital, una estatua de Monseñor Oscar Romero, de El Salvador, comparte la nave humanitaria con las de Eleanor Roosevelt y John T. Walker, el primer obispo episcopal afroamericano en Washington. Es el inequívoco homenaje a un hombre que le dio voz a los pobres en El Salvador, y finalmente dio su vida por denunciar abusos en su contra.
Pero ha tomado casi 25 años y un juicio civil en una corte estadounidense para que quienes lo asesinaron sientan algo del peso de la ley. El viernes pasado, un juez federal en Fresno, California, encontró culpable del crimen al ex capitán de la Fuerza Aérea salvadoreña Álvaro Rafael Saravia y le ordenó pagar 10 millones de dólares en compensación y daños punitivos. Según testigos el crimen fue cometido por un sicario contratado por Saravia.
En 1993, un año después de que acuerdos de paz pusieran fin a la sangrienta guerra civil de 12 años en El Salvador, una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas vinculó a Saravia y a otros con la muerte de Romero. Pero inmediatamente después de que se hicieron públicos ésos y otros hallazgos, el gobierno salvadoreño aprobó una ley de amnistía que cubría a quienes pudieran ser acusados de cometer atrocidades durante la guerra. Nadie ha sido juzgado todavía en El Salvador por la muerte de Romero ni por la de miles de víctimas de los escuadrones de la muerte.
En un momento en que países como Chile y Argentina han estado revisando sus propias amnistías y persiguiendo a aquellos responsables de atrocidades similares, uno se pregunta si el juicio de la semana pasada en una corte estadounidense marcará el comienzo de un cambio similar en El Salvador.
Hasta ahora hay pocas señales de que así sea. El martes el Presidente salvadoreño Tony Saca, quien fuera en alguna ocasión monaguillo de Romero, rechazó la solicitud de la Arquidiócesis de San Salvador de levantar la amnistía para permitir el juicio a los asesinos de Romero. “Abrir las heridas del pasado”, arguyó Saca, “no será lo más conveniente para un país que está viendo hacia el futuro”.
Ese parece ser un punto central de controversia entre la izquierda y la derecha a lo largo de América Latina. En Chile y Argentina, donde la izquierda tomó el poder después de fin de las dictaduras militares, se está siguiendo una táctica distinta. Hace dos semanas, la Corte Suprema en Chile levantó la inmunidad del General Augusto Pinochet, abriendo la posibilidad de que se le inicie un juicio. Pocos días después, un juez en Argentina acusó a 18 altos oficiales por sus actos en los años setenta.
Los enfoques chileno y argentino parecen estar en armonía con el punto de vista del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. En sociedades que sufren o han sufrido conflictos, argumentó en un informe el mes pasado, no debería haber nunca amnistía por genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Sin justicia, la democracia y la paz nunca podrán consolidarse plenamente. “La pregunta, entonces, no podrá ser nunca si hay que fomentar la justicia o la rendición de cuentas, sino cuándo y cómo hacerlo”, escribió.
Pero las leyes de amnistía de El Salvador permanecen en los libros sin enfrentar ningún reto. Hasta ahora la izquierda no ha podido recoger suficientes votos para quitarle el poder a la Alianza Republicana Nacional o Arena, el partido de Saca fundado por el líder de los escuadrones de la muerte Roberto D’Aubuisson. La estrategia de la izquierda de apelar a la frustración de los votantes por las injusticias del pasado no ha convencido a la mayoría de que ésa es la forma de seguir adelante.
De acuerdo con el embajador salvadoreño René León, si se eliminara la amnistía “abriríamos tantas heridas que podríamos reabrir la guerra”. León no está solo en ese temor. Joaquín Villalobos, el líder de izquierda cuya guerrilla del FMLN combatió al Gobierno y a los escuadrones de la muerte hasta que se alcanzó un punto muerto, dijo en una entrevista que “no soy partidario de… meter preso a nadie porque eso nos desestabilizaría”.
Es factible que la justicia no sea bien servida en El Salvador, por lo menos no el tipo de justicia que está dándose en cortes de Chile, Argentina y Estados Unidos. Y tal vez así debe ser cuando a pesar del riesgo de continuar la impunidad, existe un riesgo mayor de reanudar la guerra.
Tal vez Annan dice nunca, cuando uno nunca debiera decir nunca. El próximo paso en la maduración de la democracia salvadoreña probablemente no sea el mismo que se está dando en Chile y Argentina. De hecho, según Villalobos, si la izquierda toma el poder en El Salvador la justicia que proponga debiera ser aquélla que produzca reconciliación, en vez de sentencias de prisión o castigos.
Tanto León como Villalobos coincidieron en que la historia ya ha determinado quién fue el verdadero héroe en la guerra de El Salvador. No sorprende entonces que Romero haya encontrado un lugar tan prominente también acá en la Catedral Nacional.
