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El poder militar y la autoridad civil
El mismo día del Ejército, es decir el 2 de septiembre corriente, LA PRENSA publicó unas declaraciones del general retirado Joaquín Cuadra Lacayo que fueron reveladoras de la supremacía de hecho que el poder militar tiene en su relación con la autoridad civil del Estado.
Según Cuadra Lacayo, quien fuera comandante en jefe del Ejército después del general Humberto Ortega y antes del general Javier Carrión, el estamento militar habría estado a punto de rebelarse, en 1999, contra el entonces Presidente de la República, Arnoldo Alemán Lacayo, porque éste no quería aceptar al general Javier Carrión como nuevo jefe máximo de la fuerza armada.
Por su parte el general Carrión no confirmó pero tampoco contradijo las aseveraciones de Cuadra Lacayo, puesto que él “no conoció de las interioridades entre el ex presidente Alemán y su antecesor, el general Cuadra, cuando se discutía la propuesta de sucesión de mando en el Ejército de Nicaragua, hace casi cinco años”.
En realidad, el nombramiento del comandante en jefe del Ejército es el eje de la subordinación de la fuerza militar al poder civil. Sin embargo, el Presidente de la República de Nicaragua no puede hacerlo libremente sino que tiene que confirmar al general que le señalan los mandos militares.
No obstante, la democracia nicaragüense es tan patéticamente irregular que para efectos prácticos ha sido mejor que el Presidente de la República —particularmente en el caso de Arnoldo Alemán— no tuviera la potestad de designar de acuerdo con su propio criterio y conveniencias al comandante en jefe del Ejército.
Es bien sabido que el ex presidente Arnoldo Alemán quería hacer con el Ejército lo mismo que hizo Anastasio Somoza García con la Guardia Nacional, es decir, convertirlo por medio de la corrupción en un instrumento para realizar su ambición de perpetuarse en el poder. De manera que el rechazo de los mandos del Ejército a la pretensión de Alemán, por la razón que fuera, fue beneficioso para la precaria democracia criolla, ya que teniendo a su disposición el Ejército el ex Presidente liberal le hubiera hecho un daño todavía peor a Nicaragua.
La verdad es que pareciera pesar sobre el pueblo nicaragüense la maldición de tener que escoger siempre entre los males el menor, no lo mejor posible. Pero esto no significa que no se debe hacer nada para cambiar esta situación irregular en la que institución militar es autónoma de hecho ante la autoridad civil, y en la que los gobernantes elegidos por el voto popular sólo simulan que mandan a los generales mientras éstos fingen que se les someten. Esta no es una situación democrática sino un remedo de democracia.
Tampoco este problema que mina la institucionalidad y la credibilidad de la democracia se podría resolver obligando simplemente al Ejército a subordinarse de verdad al gobernante civil, sea quien fuere, si eso fuese posible. ¿Y si el próximo Presidente de la República fuese Daniel Ortega, o cualquier incondicional del ex presidente Alemán?
Sin duda que es necesario reformar el Código Militar para asegurar que el Jefe del Estado pueda nombrar realmente al comandante en jefe del Ejército. Pero eso no sería suficiente. La reforma de la ley del Ejército sería sólo uno de los múltiples aspectos de la reforma institucional integral que se necesita para “democratizar la democracia”.
Por institucionalización de la democracia entendemos la recuperación de las instituciones que están secuestradas por los caudillos y sometidas a intereses partidistas y corruptos. La institucionalización de la democracia significa la plena vigencia de la Constitución y la realización de sus principios fundamentales de división de poderes; cumplimiento de las normas, leyes y contratos; y la existencia de un Estado de Derecho eficiente, austero y al salvo de las pandillas políticas.
Y en lo que se refiere a lo militar, la institucionalización de la democracia es la subordinación real del Ejército a la autoridad civil, el desempeño de sus funciones en base a la legitimidad de sus fines y la clara comprensión de que no es por su propia voluntad que tiene las armas, sino porque la sociedad se las ha confiado para que la defienda de eventuales amenazas externas.
Parece muy difìcil alcanzar esos requisitos elementales de la democracia, pero la verdad es que si los ciudadanos se lo propusieran podrían convertir las aspiraciones en realidad.
