Gerardo Rodríguez Olivas
Cuando en el mes de enero de 1999 entró en vigencia la Ley Orgánica del Poder Judicial el sistema en su conjunto se sintió remozado por dos razones:
Primero, porque de esa forma el Poder Judicial se preparaba con las nuevas instituciones y nuevas reglas creadas a enfrentar los retos del nuevo milenio. Así nacieron oficinas importantes como la de Distribución de Causas para eliminar el flagelo de los feudos de los juzgados, es decir que las partes litigaran en el juzgado de “su preferencia”; la de Notificaciones, con el propósito de eliminar el cobro de las notificaciones; la Defensoría Pública, para atender a los desfavorecidas de fortuna y asegurarles acceso real a la justicia, entre otros.
La segunda razón consistió en que por primera vez en la legislación nacional surgió la posibilidad de que se aprobara una ley que ofreciera no sólo estabilidad a los judiciales, sino confianza a la población sobre la transparencia de las nuevas escogencias. En efecto, en la nueva Ley Orgánica se estableció, entre otras cosas, que los jueces serán nombrados por tiempo indefinido y que no pueden ser removidos de sus cargos, sino conforme al procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial (artículos 45 y 53); que será competencia de la Comisión de Carrera Judicial elevar al conocimiento de Corte Plena las ternas de candidatos para llenar vacantes en las judicaturas, según lo que se estableciese en la Ley de Carrera Judicial (artículo 70, inciso 1) y que las sanciones disciplinarias a los funcionarios de carrera judicial se debían tramitar y resolver según lo que se estableciera en la mencionada ley (artículo 165).
Tal aliento de cambio tuvo nuevo impulso con la presentación de un anteproyecto de Ley de Carrera Judicial, hecho por la Corte Suprema de Justicia en el año 2003, anteproyecto que, dicho sea de paso, fue firmado por todos los miembros que en ese entonces formaban parte de la Corte Suprema, sin distinción de signo político o ideológico del firmante.
Así las cosas, jueces y magistrados se reunieron con la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, ofrecieron nuevos aportes y la Comisión presentó su proyecto que, en lo general, establecía las reglas básicas de seguridad en el desempeño de las funciones de los judiciales: estabilidad en el cargo, transparencia y mérito para ingresar y ascender en la carrera judicial, capacidad e idoneidad.
Todo parecía marchar bien, hasta el momento en que una de las bancadas de la Asamblea Nacional decidió introducir un dictamen de minoría conteniendo disposiciones de abierta violación a una serie de derechos constitucionales, pues se dice, entre otras cosas, que no pueden ser miembros de la carrera “los que pertenecieron a órganos de represión”, sin definir qué son “órganos de represión”.
Surgida la controversia entre dos dictámenes, el Poder Ejecutivo presentó a su vez el suyo, que supuestamente pretende recoger lo mejor de los dos dictámenes. Sin embargo, en abierta violación del principio de estabilidad y pretendiendo negar la valiosa experiencia acumulada se introdujo un artículo en virtud del cual todos los funcionarios judiciales deben deponer su cargo, seis meses después de la entrada en vigencia de la Ley.
Así, más que pretender la aprobación de una legislación que dignifique al Poder Judicial, como verdadero instrumento de cambio y renovación, el proyecto de Ley de Carrera Judicial se ha convertido en bandera de lucha política, donde los intereses que prevalecen son otros distintos a los del Poder Judicial y donde pareciera que, más que cambios efectivos y reales, lo que se pretende es poner una vez más en práctica el viejo estribillo de “quítate tú pa’ ponerme yo”.
Nicaragua necesita con urgencia un verdadero acuerdo nacional sobre la justicia, donde el objetivo sea mejorar la calidad del Poder Judicial, darle mayor credibilidad, transparencia, independencia y no que se coloque al vaivén de las cruzadas políticas que a diario se suceden en el país, bajo fuego de una guerra sin cuartel.
Si bien es cierto que existen problemas que hay que resolver, sin embargo se debe aclarar que ni todos los jueces son malos, ni todas las sentencias son políticas. La dignidad del Poder Judicial se merece una verdadera oportunidad.
El autor es presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua
