El Parlamento Centroamericano es una institución costosa, ineficiente, y ha sido un refugio para varios políticos corruptos que se escudan en la inmunidad de diputado regional para intentar no responder a la justicia en su país.
Asimismo, la Corte Centroamericana de Justicia es una institución con serias limitaciones que no es reconocida por varios Estados.
Si bien en los últimos meses ambos órganos han sido los villanos en las más duras críticas —algunas bastante acertadas — al estado actual de la integración centroamericana, las reformas más importantes para mejorar la salud del proceso integrador no son precisamente las que les conciernen.
Más bien, la necesidad de los cambios más cruciales — sin negar los que requieren el Parlacen y la CCJ— apunta en otra dirección.
Esta opinión es la del doctor Pedro Caldentey del Pozo, director del Instituto Español de Estudios Centroamericanos, un académico español experto en la integración centroamericana.
Caldentey escribió su tesis doctoral sobre el tema y es reconocido como una autoridad en la materia. Estuvo hasta el jueves (ayer) en Managua, para impartir clases en la UCA.
“La evolución del proceso integrador no es satisfactoria”, sostiene. A pesar de los tratados, declaraciones y bellos discursos de los presidentes, lo cierto es que la decisión de echar andar de verdad la integración no ha sido tomada, considera.
Hoy por hoy, los Estados se debaten “entre una opción comunitaria real o una cooperación intergubernamental con un marco institucional más reducido”, acompañada de una mayor liberalización económica y comercial.
A su juicio, el Protocolo de Tegucigalpa que da vida al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y éste, adolecen de varios defectos: una dispersión jurídica, una confusión sobre qué está en vigor o no; un marco institucional muy complejo que dificulta la toma de decisiones; la ausencia de normas escritas y reglamentos para el funcionamiento del sistema; un elevado número de órganos que complica su financiamiento; y además, la ausencia de un servicio de carrera en las instituciones comunitarias, es decir, una burocracia que sería el equivalente de la eurocracia en la Europa de los 25.
“La clave de la reforma (regional) está en el funcionamiento de la reunión de presidentes, la de cancilleres y en las relaciones institucionales de los países del sistema”, argumenta. En la reunión de presidentes se toman a menudo decisiones que luego no es posible poner en práctica, no hay una estructura de seguimiento a dichos acuerdos, afirma.
Para Caldentey, “la reforma institucional debe ir hacia mejorar el proceso de toma de decisiones y su puesta en práctica”.
Por otro lado, también se requiere mejorar la coordinación entre sí de los órganos comunitarios y de éstos con los Estados miembros.
Con certeza señala que no siempre “las agendas nacionales y regional logran articularse”.
Las sugerencias expresadas ya han sido plasmadas en un estudio para la CEPAL y el BID. Entre ellas destacan también:
El desarrollo de las competencias estipuladas en los acuerdos y tratados; establecer reglamentos para la aplicación de los acuerdos; ordenar las agendas de los presidentes y darla a conocer a los demás miembros; crear mecanismos nacionales homogéneos de seguimiento a los acuerdos; y reforzar la participación de la sociedad civil en el proceso.
Ella —dice de ésta última— “es uno de los culpables de que el proceso no avance (…); podría presionar más” a los gobiernos.
El profesor sugiere que sería conveniente revisar las atribuciones de los diputados parlacénicos y reducir su número. En cuanto a la CCJ, opina que el número de magistrados debe disminuir y retirar la competencia de intervención interna en los Estados miembros.
La opinión de Caldentey, respaldada por la solidez académica, tiene el valor de provenir de un agudo observador externo, ajeno a intereses particulares o políticos. Por ello, quise compartirla desde aquí.
