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La Ley de Carrera Judicial
La historia del proyecto de Ley de Carrera Judicial es azarosa, desconcertante y errática, porque en el curso del trámite para su aprobación surgieron cinco textos diferentes que terminaron en una gaveta de la Asamblea Nacional. Lo grave de ese atraso es que se está perdiendo una valiosa oportunidad para presentar internacionalmente a Nicaragua como país responsable que cuenta con un sistema judicial confiable y profesional.
El impasse en torno a este asunto se debe a un forcejeo insensato por el poder político, entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, haciendo un daño gravísimo al desarrollo del país. Para un Estado democrático el Ejecutivo es símbolo de poder, el Legislativo es la representación por excelencia de la democracia y el aparato judicial es el garante de que se cumplan las reglas de juego establecidas. De modo que para Nicaragua, que necesita urgentemente inversión extranjera, es imperdonable la situación de no contar con una justicia prestigiada, es imperdonable, situación demostrada por las sentencias escandalosas sin que al parecer a los magistrados de la Corte Suprema les importe mucho.
Ya llevamos año y medio en espera de una ley que regule la carrera de los jueces y los prepare adecuadamente, mientras que la globalización mantiene un monitoreo permanente de cómo se desempeña y cuán eficiente es el sistema judicial, por pequeño que sea un país. Eso significa que la comunidad financiera internacional observa con preocupación que pretendamos atraer la inversión extranjera y participar en un mercado común, mientras perdemos el tiempo y no estamos listos para recibir y garantizar los ahorros foráneos, porque no garantizamos una justicia confiable. Para no ir muy lejos, la Universidad de Georgetown de Washington D.C. ha decidido estudiar como un caso especial el intento de reforma del sistema judicial Nicaragua. Hablamos del conocido “Center for the advancement of the rule of law in latinamerica” ( Carola).
La controversia actual sobre la carrera judicial comenzó hace año y medio, cuando el presidente Enrique Bolaños encargó al especialista en derecho constitucional, magistrado Iván Escobar Fornos, encabezar un grupo de 30 juristas que preparasen un anteproyecto de ley para dotar a Nicaragua de una carrera judicial. Al terminar su trabajo, el doctor Escobar, en solemne ceremonia en el Palacio Presidencial, entregó al gobernante el proyecto elaborado en equipo. El texto fue enviado a la Asamblea Nacional y oportunamente remitido a la Comisión de Justicia para su dictamen. Y ahí empezó el problema, pues la bancada liberal presentó un dictamen de minoría que agregaba artículos de clara naturaleza inconstitucional. Al conocer de ello, el presidente Enrique Bolaños declaró tajantemente que si el proyecto de ley de carrera judicial fuese aprobado así, lo vetaría. A esas alturas tanto el FSLN como la Corte Suprema de Justicia rechazaron las exclusiones propuestas.
Parece que la posición del presidente Enrique Bolaños irritó a la bancada del PLC, que en vez de proponer una conversación que aclarase las desavenencias se retiró del debate y decidió archivar el proyecto. El FSLN, a su vez, ha insistido en que los actuales jueces no deben ser evaluados en su capacidad por un examen, sino permanecer en sus puestos. No obstante ha habido consenso en los tres grupos en establecer concurso cuando se llenasen vacantes. A su vez, la mayoría de los magistrados de la CSJ rechazan la participación en la estructura de la carrera judicial de un organismo paralelo y autónomo que maneje los aspectos administrativos del sistema.
De todas maneras, hay suficientes alternativas y matices para subsanar los desacuerdos. La visita de la Presidenta de la CSJ, doctora Yadira Centeno, al Presidente de la República, ha abierto de nuevo un canal de comunicación que se había establecido entre la CSJ y la Presidencia de la República. Dada la importancia del asunto y la urgencia del caso, esperamos que esta vez se llegue a un consenso sobre la redacción y ante todo sobre el contenido del proyecto de Ley de Carrera Judicial, entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, para después pasarlo a la Asamblea Nacional a fin de que sea discutido y aprobado por las diversas bancadas legislativas lo antes posible.
