- Empresa minera planea visitar a autoridades de Nicaragua para explicar las bondades del proyecto
Wilder Pérez R.
El Procurador ambiental, Lisandro D´León, exigió públicamente al Gobierno actuar de inmediato para proteger el río San Juan de la actividad minera que desarrolla la empresa Infinito, al norte de Costa Rica.
D´León hizo el señalamiento durante una conferencia de prensa ayer, en la que anunció los resultados de una visita que la Procuraduría Ambiental realizó a Costa Rica, para constatar la situación de la minería en el lado sur de la cuenca del río, cuyo afluente se encuentra totalmente en territorio nicaragüense.
En esa visita de seis días, D´León, junto a José Luis García, Procurador auxiliar nacional ambiental, y los técnicos Donald Zabala e Ileana Alfaro, lograron, con mil 500 dólares, lo que la Cancillería no ha conseguido en 15 días y lo que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales hizo con seis mil 300 dólares: conocer el estudio de impacto ambiental, el documento de la consulta pública y el expediente administrativo del caso.
D´León aseguró que, aunque no han analizado “la documentación gigantesca”, proporcionada por los inversionistas en Costa Rica, hubo siete puntos que pudieron definir.
DECRETO TARDÍO DE PRESIDENTE PACHECO
El primero fue que el Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica asume que el proyecto no constituye un riesgo por el tipo de tecnología a utilizar. Segundo, que las concesiones de exploración y explotación reunen todos los requisitos técnicos y jurídicos de Costa Rica.
Tercero, que el presidente Abel Pacheco prohibió la minería, pero que el decreto no es retroactivo para Industrias Infinito. Cuarto, que los Organismos No Gubernamentales ticos critican fuertemente la documentación.
Los últimos tres puntos refieren, primero, que la Procuraduría de Costa Rica está dispuesta a realizar todas las gestiones de carácter legal al respecto, luego, que Industrias Infinito presentó la posibilidad de visitar Nicaragua para explicar los alcances del proyecto, y finalmente, que enviarán toda la documentación a las entidades del Gobierno y sociedad civil involucrada en el caso.
“Estamos, no solicitando, exigiendo que de inmediato se conforme una comisión institucional para analizar el caso, no nos ponemos plazo porque es para ya… sino la Procuraduría está en el deber de hacer que los funcionarios cumplan la ley”, puntualizó D´León.
