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La educación en la agenda nacional
La semana pasada se presentaron ante la sociedad nicaragüense dos informes sobre indicadores de educación en el país. El primero lo presentó el organismo cívico Eduquemos y al siguiente día la Confederación de Trabajadores de la Educación de Nicaragua (CGTN-Anden) hizo lo propio. El documento de Eduquemos fue elaborado con cifras provenientes de organismos internacionales, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, así como de consultas a la sociedad y entrevistas llevadas a cabo en algunas escuelas del país. El documento de Anden se elaboró con los aportes de “maestros investigadores del objeto de su trabajo y de su propio quehacer. Son maestros sindicalistas preocupados no sólo por su salario o por la estabilidad en el cargo, sino que también por la educación de sus estudiantes y el resultado de su actividad en términos de aprendizajes relevantes y significativos”.
La importancia que revisten estas investigaciones radica en que los indicadores que se presentan en ambos documentos son en gran medida coincidentes. Y la conclusión que debe sacarse de esta coincidencia es que la situación educativa del país es una realidad que se observa igual desde cualquier perspectiva que se examine. Sólo los políticos, tanto de los partidos mayoritarios como de los minoritarios, no parecen estar al tanto de la fragilidad del sistema educativo nacional.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se planteó como retos para este año, entre otros: “Mejorar la calidad de la educación, disminuir el número de niños y jóvenes que quedan fuera de clase, desarrollar la enseñanza para la comprensión como parte de la nueva metodología, diversificar más la oferta, mejorar el nivel técnico y profesional del personal en servicio”; a lo que indispensablemente hay que agregar la necesidad de un incremento salarial y el estímulo por desempeño en la carrera docente.
Los planes del MECD son ambiciosos pero no imposibles. Para lograr las metas es necesario que todos los actores concurran a la cita y aporten lo que cada quien pueda hacer de manera mejor: la empresa privada asumiendo su responsabilidad social e involucrándose directamente en la capacitación de su personal y abriendo centros supervisados, a los cuales puedan asistir los hijos de sus empleados y donde se imparta educación de calidad. La sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales, padres de familia y comunidades participando en la actividad de las escuelas y tomando su papel de auditores sociales en un constante monitoreo de la calidad de la educación de sus hijos, así como de la transparencia en la asignación de los fondos de las escuelas. Los organismos internacionales colaborando con el MECD mediante los préstamos y donaciones, pero racionalizando y evaluando el buen uso de los fondos tanto por parte del ministerio como por el desempeño de sus propios funcionarios internacionales. Y el actor más importante, que es el Estado, promoviendo políticas públicas encaminadas a una verdadera revolución de la educación.
Para lograr estas metas se necesita ante todo que los diputados se pongan la mano en la conciencia y de una vez por todas tomen en serio el tema de la educación, situándolo en la prioridad necesaria dentro de la agenda nacional. No es posible que con el déficit de educación que tiene Nicaragua existan dentro de la comisión de educación diputados que expresen que no saben porqué los nombraron en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, porque “no son educados ni cultos y nunca en su vida han jugado ni canicas”.
Estamos a las puertas de la revisión de un nuevo Presupuesto General de la República. Es el momento de poner a discusión las metas del MECD y las demandas del gremio docente y de la sociedad de mejoría en las condiciones de la educación y de los requerimientos de los maestros.
No se puede seguir tolerando que por falta de recursos cada año queden fuera de las escuelas ochocientos mil niños. El problema es enorme pero se podría solucionar. Para eso lo que se necesita ante todo es voluntad política de los funcionarios del Gobierno, que tienen la última palabra en la asignación de recursos para la educación y los que deciden cómo se distribuyen.
