Roman, Times, serif»>Editorial
Algo hay que hacer
Los sectores empresariales independientes y las fuerzas políticas democráticas del país están alarmados por los últimos fallos judiciales, unos que favorecen a los acusados de corrupción y otros que atentan contra la seguridad jurídica de las empresas privadas y la estabilidad de la economía nacional.
Particularmente los fallos en el caso del Iniser y del BECA, así como la intervención de la empresa lechera transnacional Parmalat, han creado zozobra entre los empresarios, que le pidieron al Presidente de la República hacer algo para proteger a la empresa privada y los intereses económicos de la nación.
Sin dudas que es justificada la alarma empresarial que hay ante esta situación, agravada políticamente por el líder del FSLN, Daniel Ortega, quien no sólo asumió la defensa y justificación de los desmanes del Poder Judicial sino que colmó de insultos a los miembros del sector privado, particularmente a los del Sistema Financiero, a los que amenazó con acciones más radicales que las que han sufrido hasta ahora.
La situación es tan grave que el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), el organismo institucional de consulta en el que están representados los diversos sectores organizados de la sociedad, le sugirió el sábado recién pasado al Presidente de la República que en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército, tome “todas las acciones necesarias para salvaguardar los intereses del pueblo nicaragüense, de los inversionistas que pusieron sus recursos en el país, y el de los gobiernos amigos, que han colaborado en la búsqueda del desarrollo económico y social del país”.
Pero la verdad es que en estas circunstancias es muy poco lo que el Presidente de la República podría hacer con respecto a los fallos escandalosos del Poder Judicial. Según el artículo 150, inciso 14, de la Constitución Política de la República, lo único que puede hacer el Presidente en relación con el Poder Judicial es “proponer a la Asamblea Nacional listas de candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. Y más bien, de acuerdo con el inciso 16 del mismo artículo constitucional, el Presidente de la República está obligado a “proporcionar a los funcionarios del Poder Judicial el apoyo necesario para hacer efectivas sus providencias sin demora alguna”.
En realidad, el presidente Enrique Bolaños perdió la oportunidad de hacer algo efectivo para sanear el Poder Judicial —y el Poder Legislativo al mismo tiempo—, a mediados del 2002, cuando la Asamblea Nacional cayó en situación de desacato al negarse a tramitar el desafuero de Arnoldo Alemán para que se le pudiera juzgar por delitos de corrupción. En aquella situación el Presidente de la República debió decretar el Estado de Emergencia, disolver la Asamblea Nacional y convocar a elección de nuevos diputados, que a su vez podrían integrar una nueva Corte Suprema de Justicia con magistrados íntegros e independientes.
Pero el presidente Bolaños no quiso arriesgarse. Argumentó el pretexto de que no podía romper la institucionalidad del país, cuando en realidad el orden constitucional ya había sido roto por el pacto y el reparto libero-sandinista de las instituciones estatales, y más bien la acción del Presidente sería para restablecerlo. Y además, después de que perdió aquella oportunidad el presidente Bolaños renunció a seguir luchando por una Ley de Carrera Judicial que sirviera para romper la subordinación partidista de la administración de justicia. Y ahora no hay nada o es muy poco lo que él podría hacer en este orden.
Pero el país no puede seguir sometido a la dictadura absolutista del Poder Judicial. El sólo hecho de que éste se encuentre organizado en bancadas políticas —inclusive institucionalizadas, mediante el Acuerdo No. 72 de la Corte Suprema de Justicia del 18 de marzo del 2004—, es una aberración inaceptable en un sistema de gobierno que se presume democrático.
Ante esta corrupta, vergonzosa y dañina situación, los ciudadanos honestos de Nicaragua y las organizaciones democráticas y cívicas que no están contaminadas por la corrupción, deberían promover desde abajo un cambio en el Poder Judicial, ya que desde arriba pareciera que es imposible. Y hay que comenzar a hacerlo ya.
