Douglas Carcache
Nicaragua no puede hacer nada para evitar una concesión minera en la zona norte de Costa Rica, pero a la sociedad tica tampoco le conviene que el nicaragüense río San Juan se contamine con los desechos de una explotación minera “a cielo abierto”.
El dinero que recibiría el Estado costarricense de la empresa minera, unos 300 millones de dólares en diez años, es poco comparado con lo que perdería si se alejan los turistas de las reservas naturales que ese país tiene cerca de la frontera con Nicaragua, donde varios ríos van a desaguar al San Juan.
Costa Rica se promueve en el mundo como “país verde”, cubierto de bosques, jalando así turistas de altos ingresos de Europa y Estados Unidos, en un negocio que le deja más de dos mil millones de dólares anuales.
Sin embargo, la compañía minera que se instala en la zona de Las Crucitas, a cinco kilómetros de Nicaragua, donde corre el río San Juan, deforestaría más de 300 hectáreas para remover tierras y extraer la broza que contiene partículas de oro.
Los especialistas estiman que es necesario arrancar una tonelada de tierra para extraer un gramo de oro, en promedio. Luego la tierra y la broza quedarían sueltas en la superficie y serían arrastradas por las lluvias hasta los ríos y terminarían en el torrente del San Juan.
Esos desechos también llevarían sustancias peligrosas para la fauna y los seres humanos, como el cianuro y el mercurio, que usan para separar el oro de otros metales.
Los sedimentos y los químicos afectarían a ríos costarricenses y al San Juan, donde desaguan. Igual, los habitantes de sus riberas, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, sufrirían por los daños en el medio ambiente y en su salud.
Incluso, el río San Juan se bifurca en su parte baja y forma el río Colorado que corre sobre territorio tico, a donde llegan miles de turistas cada año a practicar la pesca deportiva.
Hace rato que el río San Juan tiene problemas de sedimentación y cada día cuesta más navegar cerca de la desembocadura, tal como han alertado los ministerios del Ambiente de Nicaragua y Costa Rica, que trabajan juntos en el proyecto Pro Cuenca San Juan.
Significa entonces que si le llegaran los sedimentos de la mina, pronto tendríamos un río con más tierra que agua en su cauce.
En marzo, el director de Cooperación Internacional de la Cancillería costarricense, Carlos Echeverría, me dijo que con la protección del río San Juan llegaría a Nicaragua y Costa Rica una inversión de 120 millones de dólares, para la ejecución conjunta de 29 proyectos de desarrollo que propiciarían el surgimiento de nuevas empresas privadas, turísticas y productivas, en la zona fronteriza.
La inversión minera es lo contrario. Cuando la empresa haya sacado las 656 mil onzas de oro, al cabo de diez años, se va y deja menos bosque y más suciedad.
