- Contaminación del río nicaragüense depende de una decisión que tiene a Costa Rica entre la espada y la pared
Wilder Pérez R.
El río San Juan, de Nicaragua, estaría bajo riesgo inminente de contaminación, si el Gobierno tico ratifica una concesión a la compañía minera Industrias Infinito S.A., para explotar 305.9 hectáreas de tierra a sólo cinco kilómetros al sur de su caudal, en territorio costarricense.
Así lo dijeron ayer técnicos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) de Nicaragua, quienes permanecieron durante una semana en Las Crucitas, lugar donde operaría la empresa de minas.
Los expertos determinaron que el método de trabajo que pretende implementar Industrias Infinito, que consiste en “raspar” la tierra al aire libre, provocaría riesgos de contaminación por los sedimentos que recibiría, en especial del río Infiernito, que desemboca en aguas del torrente del San Juan.
Hilda Espinoza, directora del Ambiente del Marena, explicó que las condiciones están dadas porque las pendientes naturales son más altas en Las Crucitas, en territorio tico, que en el San Juan, río que pertenece totalmente a Nicaragua.
“Provocaría la turbidez del agua del río, perjudicando la fotosíntesis, disminuiría la calidad y biodiversidad del río, lo que haría que los peces migren hacia zonas más limpias, provocando una lucha por la alimentación y sobrevivencia entre los peces, además”, afirmó Espinoza.
Pero el río no sólo tendría como amenaza sus propios afluentes. Las Crucitas tiene cinco kilómetros de distancia en su punto más cercano al San Juan, lo que sumado a las pendientes expone al río a eventuales deslizamientos de tierra que perjudicarían su cuenca, si se combinan los trabajos industriales con los cuatro mil milímetros de lluvia que suelen caer en el sitio.
ENTRE DOS TIERRAS
Otro especialista del Marena, Iván Ortega Gasteazoro, aseguró que el Gobierno costarricense está en desacuerdo con la concesión a Industrias Infinito, que consiste en sacar 656 mil onzas de oro en diez años, que dejará ingresos de 662 millones de dólares a la empresa, de los cuales pagará el 51 por ciento en impuestos a Costa Rica.
Costa Rica no puede hacer mucho para detener la concesión, explicó, por razones que escapan de su control, entre ellas que el permiso fue otorgado en el período gubernamental anterior al actual.
Una razón más fuerte, según supo Ortega, es que “la empresa ya ha invertido 35 millones de dólares” y anular la concesión significaría exponerse a una demanda millonaria que Costa Rica no estaría en capacidad de pagar.
Una posibilidad de parar la explotación minera podría estar en la Ley Ambiental tica, porque ésta no permite el cambio de uso del suelo, dijo Ortega Gasteazoro, aunque advirtió que la minería es una actividad prioritaria en ese país y su reglamentación tiene mayor peso que la Ley Forestal.
Si Costa Rica decide mantener la concesión minera en la cuenca del río San Juan, violaría al menos tres convenios internacionales de protección a la naturaleza, indicó Bayardo Quintero, director de Áreas Protegidas del Marena.
Según Quintero, los ticos “infringirían el Convenio de Diversidad Biológica, derivado de la Cumbre de Río de Janeiro o Cumbre de la Tierra, que reconoce el principio de soberanía de los Estados, pero a su vez estipula que las actividades que se lleven a cabo no perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional, firmado y ratificado tanto por Nicaragua como por Costa Rica”.
Además, Quintero señaló que quebrantaría la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas “que establece claras obligaciones en torno al mantenimiento de las condiciones ecológicas de cada sitio”, también ratificado por ambas naciones.
El otro convenio que rompería, será el de Conservación de la Biodiversidad y la Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, igual firmado y ratificado por los dos países.
POSICIÓN NICA
Los expertos nicaragüenses reiteraron que estos resultados son preliminares o extraoficiales, mientras no sea facilitado el estudio de impacto ambiental de la empresa que, según Quintero, tiene algunas inconsistencias.
Recordaron que los ticos son soberanos de hacer lo que consideren mejor en su territorio, por lo que Nicaragua no tiene más alternativa que “mantener una posición de prudencia no oficial”, dijo Quintero.
Los técnicos del Marena indicaron que todo dependerá del trabajo que realice la Cancillería de ahora en adelante, al abordar el tema con Costa Rica.
