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Soberanía debe estar en buenas manos
Dice la Constitución Política de la República de Nicaragua (artículo 2) que: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo, secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación…”
Eso, que es un principio fundamental de la democracia a escala universal, significa que el voto es el instrumento por medio del cual el ciudadano delega en las personas elegidas para gobernar, la cuota de soberanía nacional que le corresponde. Por lo tanto el sufragio es la garantía de la capacidad de los ciudadanos de elegir a los gobernantes e influir en la administración de los asuntos públicos.
Se ha discutido y explicado hasta la saciedad que la democracia no se agota en la celebración regular de elecciones libres. La democracia, a fin de ser efectiva tiene que servir también para resolver los grandes problemas materiales y culturales del individuo y la sociedad. Sin embargo, ninguna posibilidad ni recurso de la democracia puede ser efectivo si no se garantiza la pureza de su presupuesto esencial que es el ejercicio de la soberanía nacional por medio de la emisión del voto ciudadano y la elección popular.
De manera que ese invalorable instrumento jurídico y cívico que es el sufragio tiene que ser protegido y garantizado por instituciones —Consejo Supremo Electoral y partidos políticos— y personas —magistrados y dirigentes y oficiales partidistas— honestas, responsables y confiables.
Lamentablemente ese no parece ser el caso de Nicaragua, donde, por medio del pacto libero-sandinista de 1999 que fue incorporado a la Constitución con la reforma constitucional del año 2000, los caudillos y las camarillas corruptas de los dos partidos políticos mayoritarios decidieron pervertir también el órgano electoral del Estado. De modo que éste devino en una institución sumamente desprestigiada y carente de credibilidad entre la ciudadanía nicaragüense.
Sin embargo es alentador que la mayoría de magistrados del Consejo Supremo Electoral no hayan permitido la maniobra turbia que hizo el PLC para tratar de eliminar a su propio candidato a alcalde de Managua, Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
La eliminación de la candidatura de Chamorro Barrios facilitaría sin duda el triunfo del candidato del FSLN a la Alcaldía capitalina, pues de acuerdo con los sondeos de opinión política e intención de voto en Managua, Chamorro Barrios es el único que podría derrotar al candidato sandinista Dionisio Marenco. A cambio de tan importante favor político, la camarilla arnoldista del PLC esperaba conseguir del FSLN, que controla el Poder Judicial, la excarcelación de Arnoldo Alemán, o al menos su traslado definitivo a la residencia de El Chile, a fin de que el ex Presidente de la República, condenado a veinte años de presidio por corrupción, no vuelva al penal de Tipitapa.
Nadie puede poner en duda la potestad de los partidos políticos de nombrar o destituir a sus candidatos. Pero deben hacerlo de acuerdo con las normas legales establecidas, en este caso la Ley Electoral. De manera que el Consejo Supremo Electoral (CSE), hizo lo correcto al no prestarse a las maniobras y triquiñuelas de la cúpula del PLC. El CSE es un poder jurisdiccional, o sea que es un tribunal que administra justicia en lo que refiere específicamente a la materia electoral, y por lo tanto tiene que ser independiente y actuar apegado a derecho, no subordinarse a los caprichos y arbitrariedades de los caudillos partidistas.
El Consejo Supremo Electoral tiene la oportunidad de dignificarse, igual que las demás instituciones del Estado, para lo cual lo único que tienen que hacer es actuar apegadas a derecho.
Por lo menos en su función primaria, que es la electoral, debería poder desenvolverse de manera apropiada la democracia de Nicaragua que ha sido tan ultrajada y corrompida por la ambición desmesurada de los caudillos partidistas.
