Luis Felipe Palacios
“¡Fuego a la carga uno!”, en la voz de mando del subjefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, general de brigada César Delgadillo, bastó para iniciar la primera detonación que destruiría 333 cohetes antiaéreos portátiles SAM-7.
Eran las dos de la tarde en la hacienda San Mauricio, ubicado en el polígono nacional de tiro El Papalonal, comunidad de Malpaisillo, León, a 70 kilómetros al occidente de Managua, cuando el general Delgadillo dio la orden, por walkie talkie, de iniciar la segunda voladura de los misiles.
Desde una colina, a 800 metros de distancia de las siete fosas donde estaban los 333 misiles, un equipo de especialistas zapadores del Ejército, en coordinación con militares norteamericanos, procedió a la detonación, con un moderno circuito eléctrico individual, conectado a cada fosa.
En menos de un minuto, boom
Sólo bastaron entre 35 y 40 segundos para eliminar de un tajo los 333 misiles, que explotaron en intervalo de cinco segundos, en las siete fosas en donde almacenaron brevemente a los cohetes.
En cada una de las fosas se instalaron 50 misiles —en una de ellas 33 misiles—, a las cuales les ubicaban 86 kilogramos de TNT C4, 50 sacos de arena de unas 90 libras, y entre 30 y 50 bolsas de agua, para tratar de atracar los misiles y apaciguar el combustible que derraman las fuentes de alimentación, tras su voladura.
Con la explosión, se puso fin a la segunda tanda de 333 misiles tierra-aire, para un total de 666 cohetes antiaéreos eliminados del inventario del Ejército en este año, de forma unilateral, para promover el plan de control y limitación de armamento en la región.
La destrucción del segundo lote de misiles fue presenciada por el secretario del Sistema de Integración Centroamericana, Oscar Santamaría, representantes centroamericanos, agregados militares acreditados en el país, miembros del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, funcionarios del Gobierno y delegados del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Los invitados se ubicaron en un puesto de observación, a 1,700 metros del área de voladura, y a 900 metros del personal especialista que estuvo a cargo de la detonación.
El costo de la segunda voladura, según Delgadillo, fue de 30 mil dólares, sin incluir el costo de cada uno de los misiles, valorado entre 30 mil y 50 mil dólares.
Los cohetes fueron dados de baja de los registros contables de los activos fijos del Gobierno, mediante certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
