Mario Alfaro Alvarado
Si la SIB intervino unos bancos que estaban en la quiebra para salvar el dinero de los depositantes, y lo hizo con apego a la ley y a los procedimientos legales, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia anula todo y de hecho ordena pagar millones de dólares a quienes no supieron administrar sus negocios? ¿De qué sirve la Superintendencia si no puede evitar, conforme a la ley, que el sistema financiero nacional se desplome y arrase con la economía del país?
Después de anular a la Superintendencia sólo faltará que la Corte Suprema se haga cargo de tutelar las finanzas nacionales, con el mismo interés político con que maneja la justicia del país.
Ocho son los bancos liquidados, unos por quiebra y otros intervenidos para evitar que quebraran y los depositantes perdieran sus dineros. Algunos bancos quebraron —o quizás todos— por manejos fraudulentos y solamente un culpable está en la cárcel, a quienes sus cómplices quieren ver libre y disfrutando de las ganancias obtenidas.
Esos bancos quebrados “obsequiaron” al pueblo de Nicaragua una deuda interna de más de mil 500 millones de dólares. Deuda que el pueblo está pagando con grandes sacrificios. Detrás de estas maquinaciones se trata de ocultar una conspiración contra el presidente Bolaños. No le perdonan que haya iniciado una cruzada contra la corrupción.
Los corruptos se proponen hacer fracasar los planes de desarrollo del Gobierno y tener un pretexto para reformar la Constitución —como tantas veces lo hicieron los Somoza— y establecer un dictadura bicéfala, con gobernantes títeres manejados a distancia por los dos caciques pactistas.
