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¿Quién paga los daños?
Se dice en la Constitución Política de la República —artículo 131, párrafo segundo— que: “El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir contra el funcionario o empleado público causante de la lesión”.
Pero eso es sólo teoría. Peor aún, es mentira. En realidad, si tal disposición constitucional fuera verdad, es decir, si se aplicara, alguien o algunas personas que fueron o son todavía funcionarios públicos deberían pagar por el grave daño que le han causado a los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), al desvalijar y conducir a la quiebra a esta institución que es pieza fundamental de la previsión social que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Al respecto se habla de 12 millones de dólares invertidos para impulsar la preparación de la reforma del sistema de pensiones; de 35 millones de córdobas de fondos corrientes del INSS que durante la administración Alemán fueron transferidos para financiar el arranque de la Superintendencia de Pensiones (Sip); de unos 60 millones de córdobas en asignaciones presupuestarias, en los últimos tres años, para el mantenimiento de la misma Sip en la fase previa a la puesta en ejecución de la reforma; y de 17.3 millones de córdobas en remuneraciones de empleos fantasmas de familiares y allegados del ex presidente Alemán.
Pero lo que se está haciendo, según las informaciones (LA PRENSA, miércoles 28 de julio, 2004) es “lavar” el caso de los fantasmas en el INSS. Y en cuanto a las pérdidas por el fracaso de la puesta en marcha de la reforma del sistema de pensiones, como siempre ocurre en estos casos tiene que pagarlas el Estado, o sea los contribuyentes, el pueblo, “el pato de la fiesta” como dijo recientemente el presidente Enrique Bolaños en referencia al caso del BECA.
Pero, ¿por qué tiene que pagar el pueblo y específicamente los afiliados al INSS ese saqueo, así como los gastos inútiles en la reforma del sistema de pensiones y todos los daños y perjuicios causados por la irresponsabilidad y la falta de capacidad y de previsión gubernamental?
Se dice que los culpables de este desastre son los organismos financieros internacionales. Pero descargar en éstos la culpa significa exonerar a los verdaderos culpables, que son los funcionarios y ex funcionarios públicos nicaragüenses que saquearon la institución y que no previeron las consecuencias de la reforma de pensiones en las condiciones particulares de Nicaragua.
Además, el problema no radica en que la reforma del sistema de pensiones fuese innecesaria o que sea un capricho de los organismos internacionales. La verdad es que el sistema nicaragüense de seguridad social está quebrado y es imperiosamente necesario reformarlo a profundidad para que pueda cumplir lo que manda la Constitución (artículo 61): “El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”.
Por otro lado, la reforma de pensiones establecida en la Ley 240 no es mala en sí misma. Por el contrario, tiene una serie de ventajas potenciales que ayudarían a resolver integralmente la crisis de la seguridad social y podría ser un formidable instrumento de promoción del desarrollo económico y social. Además, si esta reforma ha funcionado en Chile, México, El Salvador y otros países, ¿por qué no podría funcionar en Nicaragua?
Obviamente lo que hace la diferencia entre aquellos países y Nicaragua, en este caso, es que aquí la preparación de la reforma del sistema de pensiones fue aprovechada por funcionarios corruptos como un medio para su lucro particular. Y con personas corruptas actuando como funcionarios públicos que toman las decisiones, ningún proyecto o reforma económica y social podría funcionar, por muy buenas intenciones que hayan y por mucho que en otros países fueran exitosas.
