Henry Picado Villagra
Los funcionarios públicos, alcaldes y concejales e incluso los agentes diplomáticos, embajadores, ministros y delegados ministeriales que representan al Estado o entes centralizados o descentralizados, nombrados mediante acuerdo ministerial, no gozan de relación laboral con la institución a la que representan o han representado y no están protegidos por el Código del Trabajo. En consecuencia, es un adefesio jurídico que un juez o tribunal de justicia dé lugar a una demanda laboral de un funcionario público contra el Estado, ignorando que el Código laboral protege solamente los derechos de los trabajadores dependientes, entendiendo como tal aquellos que tienen un jefe inmediato al que están subordinados, un horario de entrada y salida, un contrato laboral y una labor determinada (artículo 19 del Código del Trabajo).
En enero del año 2003 una ex alcaldesa defenestrada por el concejo municipal en la zona norte del país, presentó una demanda laboral ante la Juez de Distrito Civil de Jinotega, reclamando salarios retenidos, vacaciones, aguinaldo y otras prestaciones laborales. La judicial dio lugar a la demanda y falló a favor de la demandante, a pesar que el abogado municipal alegó que entre un alcalde y un municipio no existe relación laboral, lo que demostró con copiosa jurisprudencia. El caso subió en apelación a la Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa; el abogado municipal en sus agravios aclaró meridianamente ante los magistrados la inexistencia de la relación laboral, pero los magistrados mandaron a que se cumpliera la sentencia laboral de primera instancia.
El edil demandado, desconsolado por la pésima administración de justicia y para no verse involucrado en más fallos arbitrarios y contra leyes expresas, decidió llegar a un acuerdo amigable y así puso fin al asunto. “¡Cosas veredes, Sancho amigo!”
* Doctor en derecho municipal
