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El pato de la fiesta
El presidente Enrique Bolaños reaccionó ante el fallo de cinco magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia que ordenaron la devolución del Banco Europeo Centroamericano (Beca), asegurando que aunque sea “de peso en peso” el Gobierno tendrá que recoger el dinero necesario para pagarle al antiguo dueño de dicha entidad bancaria, el banquero y político miembro de la Convergencia Nacional que encabeza el Frente Sandinista, Álvaro Robelo.
El primer mandatario calificó como un asalto al sistema financiero el fallo de los magistrados sandinistas que ordenaron la devolución del banco que quebró en 1996 por “desvío de fondos y mal manejo de su cartera de crédito, según resultados de la auditoría de la Superintendencia de Bancos” (LA PRENSA, jueves 22 de julio, 2004). Sin embargo, reconoció que no queda más remedio que pagar, aunque “la que sufre es Nicaragua, el que paga los patos es el pueblo”.
En realidad, los ciudadanos, es decir, el pueblo, es el que siempre paga los patos de la fiesta de los corruptos. Sin duda que los banqueros que compraron los depósitos del extinto Banco Europeo Centroamericano —mientras el Estado se hizo cargo de pagar sus deudas— actuaron de buena fe, asumiendo que la quiebra y disolución de dicha entidad bancaria era un asunto definitivo e irreversible, decidido por la autoridad correspondiente que está debidamente facultada por la ley, como es la Superintendencia General de Bancos y otras Instituciones Financieras.
Pero si los banqueros, que tienen dinero, no deben pagar por la insólita decisión de los cinco magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué tiene que hacerlo el pueblo que padece incontables necesidades y vive en la pobreza “normal” y extrema? ¿Por qué una persona, por sus poderosas conexiones políticas, puede obligar al Gobierno y a los contribuyentes a que le paguen lo que quiere, pero los ciudadanos no pueden obligar a los ladrones que desvalijaron las arcas del Estado, ni siquiera a los que fueron enjuiciados, a que devuelvan aunque sea parte de lo que se robaron?
La población trabajadora y contribuyente ya tuvo que pagar por la quiebra del Banco Nacional de Desarrollo (Banades), Banco del Sur (Bancosur), Banco de Crédito Popular, Banco Intercontinental (Interbank), Banco del Café (Bancafé), Banco Mercantil (Bamer), Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), así como por la del ahora resucitado por la magia de la corrupción judicial, Banco Europeo Centroamericano (Beca). De la misma manera, la gente que trabaja honradamente y paga sus impuestos ha sido obligada a pagar los costos multimillonarios de la piñata sandinista, mediante la cual algunas personas se enriquecieron desmesuradamente al amparo del poder. Igualmente el pueblo tiene que pagar el saqueo de que fue objeto el Seguro Social durante el régimen sandinista y el gobierno de Arnoldo Alemán. Y en fin, todas las consecuencias de la ineficiencia, la irresponsabilidad administrativa y la corrupción tienen que ser pagadas dólar a dólar por el pueblo de Nicaragua, y la deuda interna de la nación que es ya de unos mil doscientos millones de dólares, sigue creciendo de manera incontenible.
En realidad, para los ciudadanos nicaragüenses el problema de la corrupción no es una inquietud intelectual ni una preocupación exclusivamente ética, como se plantea en los muchos y diversos foros internacionales que se celebran con frecuencia en distintas partes del mundo. La corrupción es un problema material, una carlanca que no deja caminar al país, ni crecer, ni desarrollarse, pues lo poco que produce se tiene que gastar en pagar lo que se roban los corruptos.
Y lo peor es el sentimiento de impotencia que embarga a las personas honradas de Nicaragua, que son la mayoría pero se tienen que someter a la minoría corrupta porque ésta tiene las armas, las cárceles, los tribunales, el apoyo de muchedumbres tan corrompidas con sus líderes y, como si fuera poco, hasta las bendiciones eclesiales.
Algunas personas consideran que sólo la presión internacional podría lograr que la corrupción desaparezca en Nicaragua. Ciertamente, la cooperación internacional contra la corrupción debería pasar de las declaraciones a los hechos. Pero la tarea fundamental le corresponde a los mismos nicaragüenses. Es vergonzoso tener que esperar a que la cumplan los extranjeros.
