- Informe de auditoría determina
presunción de responsabilidad
penal contra Arnoldo Alemán,
Eduardo Mena y Jamileth Bonilla
Jorge Loáisiga Mayorga
Los contralores desengavetarán y desempolvarán hoy un viejo informe de auditoría que determina presunción de responsabilidad penal contra el ex presidente Arnoldo Alemán y los actuales diputados Eduardo Mena y Jamileth Bonilla, así como los ex miembros de la junta directiva del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), entre otros.
Los auditores de la entidad fiscalizadora estudiaron las irregularidades administrativas y financieras ocurridas entre enero de 1997 y noviembre de 2001, encontrando un perjuicio económico superior a los ocho millones de córdobas.
Las investigaciones empezaron en julio del 2001. El primer informe se elaboró en agosto del 2002 y el informe de auditoría está en los escritorios de los contralores colegiados desde el 23 de junio del año pasado, cuando el director de Auditorías de la CGR se lo remitió a la secretaria del Consejo Superior de la CGR, Selena Mejía Taleno, para que fuera aprobado por los contralores.
Sin embargo, por razones“técnicas” en algunos casos y políticas en otros, el caso no ha sido sujeto de aprobación por los contralores colegiados.
PRESIÓN PARA RESOLVER
El contralor sandinista Luis Ángel Montenegro ha estado presionando a sus colegas para que el caso sea resuelto o al menos revisado en el Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Montenegro envió al menos dos cartas a los demás contralores con el propósito de que el caso fuera revisado, y el pasado miércoles aprobaron ver el caso este jueves.
El contralor Luis Ángel Montenegro y el contralor Guillermo Argüello Poessy, confirmaron a LA PRENSA la existencia del informe de auditoría que establece la presunción penal contra Alemán y Mena.
Las investigaciones de la CGR contienen el caso de Eduardo Mena, ex presidente de la junta directiva del IDR, quien recibía dos mil dólares mensuales como pago de “consultor” de la institución que él mismo dirigía.
“Se presume responsabilidad penal en contra de los señores doctor Arnoldo Alemán Lacayo, ex presidente de la República de Nicaragua; Eduardo Mena Cuadra, ex director ejecutivo del IDR; Francisco Sacasa Urcuyo y Oswaldo Arteaga Montenegro, ambos ex directores ejecutivos del IDR, hasta por la suma de C$4,091,128.60 equivalentes a la suma de US$355,006.92, que corresponden a los pagos autorizados y efectuados al señor Eduardo Mena Cuadra por los conceptos de consultoría, asesoría, viáticos, gastos de representación y depreciación de vehículos, sin que éste haya efectuado tales servicios y por carecer de base legal para recibir tales erogaciones…”, dice parte del proyecto de resolución que aún no aprueban los contralores colegiados.
En el caso de Alemán se le establece presunción de responsabilidad penal por haber autorizado, sin tener las facultades para hacerlo, los pagos a favor de Eduardo Mena, por consultorías y asesorías al mismo IDR.
INCLUYEN VAQUILLAS
También está incluido el caso de las vaquillas o del Programa de Repoblación y Mejoramiento Genético de la Ganadería en Nicaragua del IDR.
En este caso se determinó que los responsables de dicho programa, Armando Barberena Mongrío y Mariano Guerra Morales, director ejecutivo y técnico, respectivamente, entregaron 451 vaquillas y 11 toros a supuestos beneficiarios del programa, cuyo valor total asciende al equivalente de C$2,507,302.88, al tipo de cambio al 23 de junio de 2003.
Además, se detalla el caso de una camioneta de 45 mil dólares que se compró el ex director del IDR, Eduardo Mena, con fondos de la institución para uso personal y además cobraba el kilometraje de dicho vehículo.
En este último caso se presume responsabilidad penal contra todos los ex miembros del consejo directivo del IDR, como Roberto Stadthagen Volg, Virgilio Gurdián Castellón, Mario Hanon Talavera, Luis Mariano Torres Valle, Emiliano Duarte Toledo, Mary Jane Atha de Salinas y Jamileth Bonilla Madrigal.
NULIDAD NO ES ABSOLUCIÓN
La revisión del caso se da luego que una juez de tendencia sandinista declarara nulo el caso que ya había sido denunciado por la Procuraduría General de la República (PGR). La judicial dijo en su sentencia que durante un año la PGR no presentó pruebas y consideró insuficiente un informe de auditoría interna del IDR.
El contralor Guillermo Argüello Poessy, dijo a LA PRENSA que la declaración de nulidad dictada por una judicial no significa una absolución total del caso, sino volver a empezar el mismo desde la acusación.
Eso, según Argüello, permitirá a la CGR remitir el caso a las autoridades judiciales en caso de que el Consejo Superior de la Contraloría ratifique las presunciones de responsabilidad penal contra los presuntos implicados. Sin embargo no se atrevió a confirmar si el caso sería aprobado hoy.
