Gobierno prevé más impuestos por BECA

La aplicación de más impuestos será la consecuencia directa que tendrá el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual ordena la devolución del Banco Europeo Centroamericano (BECA) a su antiguo propietario, Álvaro Robelo González, aseguró ayer el presidente Enrique Bolaños, durante una gira de trabajo en Corn Island.

El mandatario calificó la sentencia del máximo órgano judicial como “un asalto” al Sistema Financiero Nacional, porque provocará una mayor carga tributaria a los contribuyentes nicaragüenses.

“El gobierno no produce plata, sólo gasta. Así que si hay que pagar no sé cuántos millones de allí, hay que sacar más impuestos. Ya no hay a quién apelar, así que aunque sea de peso en peso vamos a abonar”, dijo resignado Bolaños.

Mencionó además que este fallo viene a ahondar más a la inestabilidad económica del país, ya que viene a detener el impulso que, según el mandatario, está experimentando la economía del país.

“Ya no hay que ponerse un pañuelo y una pistola para ir asaltar un banco. Ahora hay otras maneras. Lo asaltamos con fallos del sistema judicial. Ese fallo es un asalto al sistema financiero. Que si lo ganamos y lo quebramos, la que sufre es Nicaragua, el que paga los patos es el pueblo”, enfatizó el presidente.

Dijo que aún están estudiando cuáles serán las estrategias financieras específicas con las que enfrentarán las consecuencias económicas del fallo a favor de Robelo.

COSTO DE US$12 MILLONES

La sentencia emitida por la Sala Civil de la CSJ a favor de Robelo, le costará al Estado 12 millones de dólares en concepto de créditos y 6.1 millones de dólares en concepto de depósitos.

De los cuales entre 3.1 y 3.3 millones de dólares, fueron asumidos por el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), según aclaró Eduardo Montealegre, entonces gerente del banco y actual ministro de la Presidencia. El saldo restante lo asumió el extinto Banco del Café (Bancafé), liquidado en diciembre del año del 2000.

El Informe del Sistema Financiero cortado a septiembre de 1997, cuantifica que la cartera del BECA, hasta 1995 era de 104 millones de córdobas en créditos y de 51.9 millones en depósitos, que con el cambio al dólar vigente, en el día de su intervención, 13 de julio de 1996, corresponden a 12 millones de dólares y a 6.1 millones respectivamente.

Edgard Navas, uno de los tres magistrados que disintieron el dictamen anunciado por la CSJ el pasado 20 de julio, especificó que inicialmente “se está hablando” de que el Ejecutivo le deberá pagar al BECA alrededor de 30 millones de dólares, pese a que en la sentencia no se establecen cuantías.

Navas recalcó que el dictamen en mención, a como está dado (en casación) no admite ningún otro recurso.

“(Por lo tanto) no dudo que va a trascender en la vida económica del país, (es decir) en todos los ciudadanos, porque cualquier responsabilidad que aquí se deduzca en contra del Estado, vamos a terminar pagándola, ya que no aguanta el Presupuesto (General) de la República”, razonó.

Mario Alonso, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), coincidió con Navas, pues comentó que la ejecución de la sentencia creará costos significativos al Sistema Financiero Nacional, afectando de paso a la actividad económica.

RECURREN A ACLARACIÓN

Uriel Cerna, asesor jurídico de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB), no quiso detallar la implicancia económica de la sentencia.

Pero precisó que ayer por la tarde, introdujeron un escrito aclaratorio en la CSJ, donde apelan al “buen juicio y criterio ecuánime” de los magistrados para que aclaren el fallo.

“Porque la sentencia es antijurídica y ultrapetita; es decir, que la CSJ está dando más allá de lo que Robelo demandó, ya que en el recurso de casación el ex banquero sólo pide que se revoque la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, el cual, en su momento, declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación de la sentencia de liquidación de quiebra”, justificó Cerna.

De manera, que a criterio del jurista, sólo sobre esto la CSJ debió pronunciarse. “No a puntos como la liquidación forzosa y el acto de intervención que fue respaldado por la Sala Constitucional de la misma CSJ, puntos que inclusive no han sido debatidos en ninguna otra instancia”, apuntó.

No obstante, Allan Zambrana, apoderado legal de Robelo, dijo que esto no cambiará ni el fondo ni la ejecución de la misma.

GOBIERNO NO NEGOCIARÁ

Alonso reaccionó preocupado. “Esto (el alcance de la resolución) puede conllevar a inseguridad jurídica, operativa…”, comentó indicando que analizarán detenidamente la situación.

Pero en principio, sostuvo que el Gobierno no está planteando una negociación con la junta directiva del BECA, ya que determinarán si se trata de una “sentencia firme o de cosa juzgada”.

“Se estima que hay un régimen jurídico especial para el sistema financiero y es la Superintendencia de Bancos tiene la primacía sobre las otras cuestiones, y por eso se debe dejar todo bien claro”, argumentó en ese sentido el funcionario.

Además, refirió que el régimen jurídico financiero, debe proteger al Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), porque en su momento actuó de buena fe, cuando entró en su momento a tratar de resolver un problema, adquiriendo parte de la cartera.

En este sentido, Julio Cárdenas, actual director ejecutivo de Bancentro, dijo que esperan que el fallo no afecte financieramente al banco.

“Consideramos que no debería tener ningún efecto, en ningún sentido porque nosotros sólo asumimos los créditos y depósitos para ayudar… pero vamos a esperar a que el Gobierno reaccione para emitir una opinión al respecto”, adelantó tras sostener que el fallo fue dividido y raro.

Mientras tanto Eduardo Montealegre, secretario de la Presidencia, quien fuera gerente de Bancentro en 1996, recordó que se hicieron cargo de parte de los depósitos y créditos del BECA, tras una “licitación” de ofertas.

“La SIB una vez que tomó la decisión de intervenir el BECA, acompañado por el ministro de Hacienda y el presidente del BCN, Emilio Pereira y José Evenor Toabada, citaron a los bancos y los invitaron a hacer propuestas para asumir los depósitos, que sumaban entre los 27 y 28 millones de córdobas, entre todos nosotros fuimos los seleccionados porque asumieron que éramos los que más le convenía a los depositantes”, expuso.

AFINAN DEMANDA

Sin embargo Robelo, insistió en primer lugar que la sentencia manda a que hoy mismo el Estado debe de entregar el BECA a como estaba en el momento de su intervención.

Hecho que, en términos monetarios, fácilmente supera los 25 millones de dólares, sin incluir el lucro cesante y el daño por “el dolor” que, a su juicio, es incalculable.

El ex banquero comentó que esperan que el Gobierno los llame para negociar, a como se hace en todo país civilizado. “Pero si esto no ocurre, también nos estamos preparando para ver si podemos tipificar delitos penales y para demandarlo porque lo que hizo la SIB fue un asalto”, se quejó.

Esta demanda también la conducirán contra Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia durante la administración de Violeta Barrios; Ángel Navarro De-shón, superintendente de bancos y Eduardo Montealegre, gerente del Bancentro en ese entonces.

“…Porque esa fue la banda, la estructura mafiosa… este grupo de pandilleros huelepega el que me asaltó, movidos por intereses políticos y financieros”, insistió.

Lacayo, según su modo de ver, fue el autor intelectual de la intervención, motivado por sus ambiciones de llegar al poder por medio del Proyecto Nacional (Pronal).

Robelo agregó que “de allí es que (Lacayo) llama a Navarro, quien lo manda a ejecutar el robo y establece como al tope del botín a Montealegre, quien se lo lleva para después repartírselo… que fue lo que terminó ocurriendo”, aseguró, sosteniendo que al “complot financiero” se unieron el magistrado Rodolfo Sandino, quien se encargó durante ocho años de engavetar el caso y Alfonso Llanes, actual superintendente de bancos.

Sobre lo anterior Montealegre sólo se limitó a decir que su intervención fue como gerente de un banco, dejando entrever que el Gobierno es quien se hará cargo del asunto.

Al respecto, Lacayo se mostró sorprendido por las declaraciones de Robelo y aclaró que abandonó el gobierno en septiembre de 1995, “pero en caso que hubiese estado las decisiones bancarias las tomaba el superintendente de Bancos”.

Dijo que la presidenta Chamorro tenía un alto concepto democrático y enfatizó en que no tuvo nunca intereses políticos en este caso.

LA PRENSA buscó la opinión de Navarro, pero no fue posible localizarlo, mientras Llanes dijo que al momento de la intervención, él no era funcionario de la SIB y explicó que el caso no se ha engavetado, pues para la Superintendencia estaba finiquitado.

QUÉ MANDA LA SENTENCIA

Los magistrados de la Sala Civil de la CSJ resuelve primero: “Se casa la sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua a las 11: 45 de la mañana del 4 de septiembre de 1997 mediante el recurso de casación interpuesto por Allan Zambrana, apoderado judicial del doctor Álvaro Robelo”.

Segundo: “Se deja sin efecto y sin ningún valor la declaratoria del estado de quiebra de que fue objeto BECA (Banco Europeo de Centroamérica S.A.) a solicitud de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB).

Tercero: “Se anula todo lo actuado por el superintendente de banco con respecto al BECA a partir de la fecha de su intervención…”

Por otro lado, refiere que la transferencia de la cartera del BECA se realizó de manera arbitraria y negociada en secreto, sin derecho a réplica por la parte de los socios del banco intervenido.

Simultáneamente llevó la resolución de intervención sin mediar procedimiento alguno establecido por la ley, llevando a la institución bancaria a una real y efectiva quiebra, violando el derecho de defensa de sus socios establecidos por el artículo 34 de la Constitución, inciso 4.