Julio C. Somarriba
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Y sigue la charanga
Julio C. Somarriba
Otra vez hubo paro del transporte, que junto con el reclamo del seis por ciento para las universidades son acontecimientos que se repiten año tras año.
Antes de 1990 no se permitía este tipo de protestas gremiales o sindicales; eran descabezadas desde su inicio, simplemente se declaraban ilegales. Y las autoridades, actuando con mano firme, aplicaban la ley enviando a la cárcel a aquéllos que osaban alterar el orden público. Es sorprendente ver que en los últimos tres gobiernos ninguno de ellos ha podido resolver de manera efectiva estas situaciones que atentan contra los derechos de toda la ciudadanía.
En artículos anteriores sobre el caso de los transportistas he insistido en que la solución para estos conflictos es muy sencilla: se basa simplemente en la aplicación de la ley y de las regulaciones existentes sobre la materia.
Se desconoce porqué ninguno de los gobiernos mencionados ha podido dar una respuesta categórica y final a ese flagelo que sufrimos anualmente. Lo que se ha notado es que los gobiernos han optado por dar respuestas a medias, “gallo-gallina”, politiqueras o, como se dice popularmente, poniendo parches y remiendos que sirven únicamente para tapar o salir momentáneamente del problema.
Siempre que suceden los paros los transportistas obtienen todo lo que reclaman, parece que “le meten el mono” a las autoridades con sus tranques y aún después de haber causado daños y destrozos a la propiedad privada y violentado los derechos de los ciudadanos, salen muy ufanos proclamando que “le torcieron el brazo” al Gobierno.
He insistido hasta la saciedad que existen reglamentos para el otorgamiento de las concesiones y que la manera más fácil y efectiva para meter en cintura a estos transportistas es cancelar el derecho de la concesión a todos aquéllos que no cumplan con los requisitos establecidos. Se ha hablado de sacar de circulación las chatarras que circulan en nuestras calles, de mejorar el trato al usuario, de educar a los trabajadores (ayudantes) que laboran en esta actividad, de retirar de circulación todos aquellos vehículos que no presten la seguridad al pasajero, de exigir el seguro contra daños a terceros y a la propiedad, de retirar la licencia de conducir a aquellos choferes que viven constantemente violando las leyes de tránsito, etc. etc., pero todo esto no pasa de ser papel mojado. Si revisamos cuántos de los acuerdos firmados por estos señores se han cumplido, llegaremos fácilmente a la conclusión que ninguno.
Si lo transportistas reclaman derechos hay que reconocerlos, pero al mismo tiempo debe exigírseles el estricto cumplimiento de sus obligaciones o compromisos y sobre todo hacerles entender que la leyes deben cumplirse y que todo aquel que no honre los compromisos adquiridos perderá su concesión. De todas maneras muchos de ellos dicen que el transporte no es negocio, por lo tanto no comprendo su insistencia para permanecer en “este negocio”.
El autor es ingeniero mecánico
