- Iniciativa surge de decenas de organismos de la sociedad civil
de ese país
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Roman, Times, serif»>Reporte del Istmo
Crean frente contra la violencia en Guatemala
| Iniciativa surge de decenas de organismos de la sociedad civil de ese país |
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GUATEMALA.- Decenas de organizaciones humanitarias, indígenas, religiosas, académicas, sindicales y privadas instalaron el denominado Frente Contra la Violencia para exigir al Gobierno políticas para combatir ese flagelo que ya ha cobrado centenares de muertos en lo que va del año.
“Como ciudadanos y ciudadanas y organizaciones sociales en este gran Frente Contra la Violencia podremos lograr impulsar una cultura dirigida a fortalecer la paz y potenciar el diálogo a partir de una actitud propositiva”, afirmó el miércoles el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, impulsor de la iniciativa.
La creación del frente se realizó en un hotel al sur de la capital y en la actividad participó el Cardenal de esta nación Rodolfo Quezada; el secretario general de la junta directiva de la Alianza Evangélica, Marco Antonio Rodríguez, así como destacados líderes humanitarios, indígenas y sindicales.
De acuerdo con el procurador Morales, solamente “participando de forma decidida nuestras peticiones podrán ser escuchadas por las autoridades del país y convertidas en políticas públicas efectivas”.
El funcionario explicó que el objetivo es que la nueva organización pueda convertirse “en un canal de expresión ciudadana en contra de la violencia que impera en el país, que forme opinión pública, formule propuestas y fiscalice las políticas de seguridad ciudadana desde la perspectiva de la seguridad democrática”.
El procurador indicó que también tienen planificado realizar marchas masivas para rechazar la violencia y recomendar al Ministerio del Interior depurar la Policía, luego que decenas de agentes han sido capturados en actos delictivos.
El frente fue creado una semana después de que los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, lanzaron una campaña para recoger miles de armas que circulan ilegalmente para disminuir los índices de violencia.
El programa también contempla endurecer las leyes de portación ilegal de armas de fuego y tipificar como delito la asociación ilícita para delinquir, con el objetivo de combatir más efectivamente las pandillas juveniles, denominadas “maras”, quienes han sembrado el terror en los barrios de esta nación.
Según el Ministerio del Interior, en Guatemala existen unas 250,000 armas de distintos calibres registradas, pero alrededor de 1.8 millones circulan ilegalmente.
ACUERDOS CON EX PARAMILITARES
Dirigentes de los ex paramilitares de Guatemala, que apoyaron al Ejército durante la guerra interna que vivió este país (1960-1996), acordaron este jueves no realizar protestas ni cerrar carreteras luego de acordar con el presidente Oscar Berger la vía para cobrar una indemnización pendiente.
El gobernante se comprometió a que su bancada impulsará una iniciativa de ley presentada en el Congreso por el Partido Patriota, uno de los que integran la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA, derecha), para así efectuar los dos pagos pendientes por “servicios a la Patria”.
“Descartamos las protestas, mientras el Congreso aprueba la ley”, comentó a la prensa el dirigente de las ex paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), Mario López.
Los dirigentes de los ex paramilitares, estimados en 500,000, acordaron el pasado 27 de junio dar un plazo hasta el 17 de julio para que el Gobierno les hiciera efectiva una indemnización, que fue acordada por el anterior presidente Alfonso Portillo (2000-enero del 2004)
Los ex miembros de las paramilitares definieron su postura en una declaración, en la cual amenazaron con tomar las principales carreteras de esta nación, aeropuertos, las principales hidroeléctricas y la mayoría de las 331 municipalidades si no se les cancelaba el pago adeudado.
La decisión de los ex paramilitares fue tomada luego que la Corte de Constitucionalidad suspendió de forma definitiva, el pasado 21 de junio, el resarcimiento tras considerarlo inconstitucional.