Freddy Potoy Rosales
MADRID, ESPAÑA.- Reitero que es legítima la creación de una Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP), pero con responsabilidad. He leído detenidamente el proyecto de Ley de la SISEP, la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) y el no menos interesante proceso evolutivo de la industria eléctrica de Nicaragua hasta llegar a la Ley Orgánica del INE, la Ley de Reformas a la Ley Orgánica del INE (Ley 271), la Ley de Industria Eléctrica (Ley 272) y su reglamento, para comprender lo que se pretende hacer con la SISEP.
El derecho es evolutivo, pero tampoco se puede prescindir ligeramente de conceptos sustantivos de la norma. El proyecto de ley de la SISEP me causa incertidumbre al ver que es una especie de resumen ejecutivo elaborado con pedazos de procedimientos normativos del derecho administrativo. Es ahí donde señalo el cuidado que se debe tener y no mezclar la naturaleza de los entes reguladores con la que debe tener una Superintendencia; y tampoco se debe cercenar la normativa de los entes reguladores. No hay que revivir esas dicotomías Estado/individuo, Estado/mercado, derecho público/derecho privado, de principios del siglo pasado que hoy tienen otros matices.
Al estudiar la experiencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile o Argentina, o la Superintendencia de Servicios Públicos de Bolivia o Panamá, reflexiono sobre la naturaleza de la nuestra y me pregunto si los diputados han sido estudiosos con el derecho comparado. Es allí la responsabilidad del legislador y de los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país.
No es correcto legislar por caprichos políticos o populismo, sino pensando en el fortalecimiento del país, donde el bienestar social debe tener un balance o equilibrio racional y una ponderación en una economía de libre mercado.
En el párrafo segundo del proyecto de la SISEP se esgrime que «es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios…», y en el párrafo cuarto invoca que «la finalidad es procurar la equidad entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los empresarios, propiciando el equilibrio de la relación empresa-cliente, dentro de las más altas normas de calidad y eficiencia». ¿Acaso el Estado es sólo un concepto? El Estado es un todo y ese todo lo conformamos seres humanos que decidimos que las instituciones sean funcionales o no, politizadas o no, eficientes o no, innecesarias o no.
No estoy en contra de la SISEP, sólo trato de señalar que en vez de burocratizar el Estado, se agilice y se eviten prontas reformas a esta ley, y no ser excluyentes o discriminatorios generando así categorías de ciudadanos con otros servicios públicos no incluidos. Hay muchos conceptos revueltos en este proyecto de ley que técnicamente deben separarse.
Si existe una serie de regulaciones, tal como señala el párrafo octavo de la exposición de motivos de la SISEP, ¿para qué crear una superestructura que se percibe con ribetes políticos? Si los entes reguladores no han funcionado es porque así lo han querido los políticos. La naturaleza de la SISEP debería ser más aventajada que la de los países que mencioné. Esa es la gran responsabilidad.
