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Un pérfido enemigo
A propósito de la discusión parlamentaria sobre la tipificación penal del aborto y la conveniencia o inconveniencia de mantener la excepción por causa y recomendación terapéutica, el primer secretario de la Asamblea Nacional, diputado Miguel López, aseguró que «el ocho por ciento de nacimientos al año provienen de niñas entre 10 y 14 años, es decir, alrededor de 1,500 nacimiento anuales entre niños, sin embargo, a su juicio, eso no significa dar luz verde al aborto terapéutico.» (LA PRENSA, martes 6 de julio, 2004).
Esos datos son realmente «escalofriantes», como subtituló LA PRENSA dicha información, y deben motivar la preocupación de toda la sociedad y ante todo de las autoridades gubernamentales, a fin de enfrentar tan grave problema con medidas eficaces, tanto preventivas como punitivas.
Según los científicos médicos la violación sexual es una acción criminal vinculada a la salud —o más bien a la insania- psíquica del agresor, lo cual, sin embargo, no justifica ni atenúa la responsabilidad criminal del violador sexual. De todas maneras, la mejor medida contra la violación sexual es la prevención, y ante todo el fortalecimiento de la formación en valores y principios de las personas. Esta formación, que comienza en el hogar, debe ser reafirmada por la educación cuyo fin esencial es transformar positivamente al individuo, para que pueda dominar sus impulsos e instintos y conducirse en la sociedad como persona respetuosa de sí misma y de los demás.
De manera que si los delitos sexuales en general y las violaciones de menores en particular han aumentado, incluso en proporción alarmante como se infiere de los datos que proporcionó el primer secretario de la Asamblea Nacional, lo primero en que hay que pensar es que algo muy malo ha ocurrido y sigue ocurriendo en la sociedad. En realidad, es evidente que se han perdido y siguen perdiendo los valores y los principios. Por eso cada vez más personas actúan dejándose llevar por el instinto animal, al grado de que hasta algún prominente personaje político ha sido denunciado por su víctima como violador sexual dentro de su propio hogar.
Pero no basta con denunciar e indignarse ante esos asquerosos delitos. Es preciso actuar con prontitud y decisión para instrumentar políticas y ejecutar acciones preventivas, así como también para reprimir rigurosamente a los violadores sexuales en general y a los de menores de edad en particular, lo mismo que para dar una asistencia material y espiritual más apropiada y efectiva a las víctimas directas e indirectas.
Los culpables de violaciones sexuales tienen que ser castigados lo más fuerte que sea posible, por ejemplo, con treinta años de prisión sin derecho a conmutación ni reducción de la pena por ningún motivo. Y los diputados y demás autoridades deberían abstenerse de indultarlos, como hacen con los delincuentes de droga supuestamente por motivaciones «humanitarias» pero probablemente por intereses económicos, o al menos por politiquería.
En todo caso, el problema de los delitos sexuales en general y contra niños en particular es muy complejo y debe ser planteado desde todos sus ángulos. Pero tiene razón el diputado Miguel López al asegurar que el reconocimiento de las «escalofriantes cifras» sobre los embarazos infantiles, que en su mayoría resultan de violaciones sexuales muchas de ellas cometidas en el mismo hogar por padrastros e incluso padres biológicos desalmados y degenerados, no debe ser motivo para justificar el aborto.
En realidad establecer que el aborto sería la respuesta al grave problema de los embarazos infantiles, alentaría más bien las violaciones sexuales pues sería como decir a los violadores: «Sigan practicando sus aberraciones criminales y no importa que la víctima resulte embarazada, que para eso está el aborto terapéutico.»
Es comprensible que una niña violada y embarazada no quiera —ni sus padres y demás familiares— gestar y alumbrar el producto del hecho criminal. Pero la nueva vida que late en ese vientre infantil tiene derecho a existir y no es su culpa haber sido engendrada de esa manera. Y en todo caso, la decisión de practicar un aborto terapéutico sólo debe adoptarse cuando sea inevitable e imperiosamente necesario hacerlo.
