- Cada fiscal atiende unas 164 causas al año, además allanamientos y asesoría
legal a civiles y policías, señala Fiscalía
José Adán Silva
El trabajo de fiscal es similar al del trabajo policial: mucha carga laboral, peligro constante, muy vilipendiado a veces, y generalmente mal pagado. Así lo define el propio fiscal general Julio Centeno Gómez, al evaluar los resultados del primer año de implementación del Código Procesal Penal (CPP).
De acuerdo con los datos presentados por Centeno, en el primer año de la implementación del CPP (2003), los 101 fiscales asignados en las diferentes delegaciones del país realizaron labores superiores a las 8 horas reglamentarias.
“Se establecieron turnos para cubrir las 24 horas del día los 365 días del año. Esto se debe a que se tuvo que atender 44,614 causas del Código de Instrucción Criminal, sumadas a las 16,614 causas del Código Procesal Penal y las 2,645 causas del Código de la Niñez y Adolescencia, lo que da un total de 63,873 casos tramitados por el Ministerio Público en el año 2003”, indica el Fiscal General.
De acuerdo con el titular del Ministerio Público, esta carga laboral se traduce en 164.4 causas atendidas aproximadamente por cada fiscal al año. A esto se le agrega las funciones de orientación jurídica de las investigaciones que realiza la Policía Nacional y la filtración que se hace en las sedes fiscales sobre las denuncias interpuestas por la ciudadanía.
Centeno cree que es relevante destacar que 485 casos (5.1%) se registraron cerrados por resolución judicial, a través de los diferentes criterios de oportunidad, lo que a su juicio pone de manifiesto la importancia y eficacia del nuevo Código Procesal Penal.
Además, resalta Centeno, los 101 fiscales a nivel nacional, participaron en un 90 por ciento de allanamientos en causas relevantes de narcotráfico, en coordinación con la especialidad nacional de drogas de la Policía Nacional.
De acuerdo con las estadísticas, las 22 delegaciones Departamentales, Regionales y Municipales del Ministerio Público que existen en todo el territorio nacional, orientaron en un 80 por ciento las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, para evitar violaciones de derechos humanos y garantizar los derechos constitucionales de los sospechosos y denunciados.
