- Es un cumplimiento tardío de un viejo compromiso, dice Roberto Cajina, experto en temas militares
¿Cuál es tu opinión sobre esta reducción en Guatemala?
—En primer lugar hay que indicar que la reducción de efectivos o redimensionamiento del Ejército de Guatemala es un cumplimiento un poco tardío –ocho años después de su suscripción– de los Acuerdos de Paz de 1996. En segundo, es obvio que finalizado el conflicto armado en Guatemala nada justifica la existencia de un establecimiento militar desproporcionado en términos de la cantidad de sus efectivos.
Obviamente que la reducción de efectivos militares contribuirá, al menos formalmente, a tratar de cambiar la imagen de la institución armada guatemalteca, aunque todavía quedan muchos temas pendientes que resolver, sobre todo los referidos a las violaciones a los derechos humanos, desaparecidos, asesinatos en masa, de lo que se les acusa y que aún no han podido negar o explicar.
No es posible afirmar con absoluta certeza que la mano de Washington esté tras este proceso de redimensionamiento; sin embargo, es evidente que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene intereses específicos en la subregión centroamericana, y que parte de los mismos están focalizados en el balance razonable de fuerzas.
Por otra parte, hay que subrayar que durante la Administración del presidente Jimmy Carter, los Estados Unidos de América suspendieron la ayuda militar directa a Guatemala, pero ello no quiso decir que aliados de Washington, como Israel, no prestaran asistencia militar a Guatemala.
¿Ves repercusiones para Centroamérica?
—La decisión de las autoridades guatemaltecas legítimamente electas de reducir la cantidad de efectivos de su institución castrense, es un fenómeno interno que necesariamente tiene repercusiones en la subregión centroamericana, pero sus efectos no son dramáticos. Se trata, a mi juicio, de un necesario proceso de reacomodo que a lo interno de Guatemala tendrá su propios efectos políticos y en América Central un impacto positivo en términos del balance razonable de fuerzas.
Para Nicaragua la decisión de las autoridades civiles de Guatemala no tiene un impacto directo en términos de “consecuencia política”, antes bien es una ratificación de la decisión tomada a inicios de la década de 1990 por las autoridades civiles y militares nicaragüenses para redimensionar la institución militar, proceso que fue, sin lugar a dudas, todo un éxito independientemente de la forma drástica y acelerada en que se dio.
¿Qué rol político juegan las FF.AA.?
—Hasta hace relativamente poco tiempo el rol político del Ejército de Guatemala era considerable. El Estado Mayor Presidencial (ya suprimido), por ejemplo, era uno de los principales bastiones de la institución militar y se encontraba incrustado en las estructuras real de poder. Hoy por hoy, el Ejército de Guatemala está en un proceso de reflujo, cada día va perdiendo importantes porciones de su antiguo poder militar y económico, lo que no quiere decir que haya dejado de ser totalmente un factor de poder.
¿Qué te parecen los cambios doctrinarios?
—No basta con realizar infinidad de seminarios sobre la reconversión del sector seguridad, como los que han tenido lugar en Guatemala, o publicar libros, como el Libro Blanco de la Defensa Nacional de Guatemala, en el que entre otros aspectos se identifican la amenazas y se define la naturaleza de la respuesta, u otro sobre la doctrina militar del Ejército.
El problema real es la obligada concordancia que debe existir entre el discurso y la realidad. La brecha entre discurso y realidad aún no ha sido totalmente superada en Guatemala, incluso a pesar de la reciente institución del Consejo Asesor de Seguridad, integrado por representantes de la sociedad civil y que teóricamente es el principal cuerpo asesor del presidente de la República en materia de seguridad. Hay que esperar cómo funciona y qué resultados ofrece en el corto, mediano y largo plazo.
