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Observación electoral
Tratándose de instituciones y funcionarios públicos, cuando éstos se oponen al escrutinio de la sociedad o lo obstaculizan de cualquier manera, lo más probable es que estén tratando de ocultar algo.
Por eso es preocupante la denuncia que hicieron esta semana directivos de los organismos nacionales de observación electoral, Ética y Transparencia e Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), sobre “las restricciones que estaría implementando el Consejo Supremo Electoral (CSE) (…) en detrimento de los objetivos de la observación electoral nacional, que son lograr mejores gobiernos locales y contribuir a la gobernabilidad de Nicaragua” (LA PRENSA, miércoles 30 de junio, 2004).
En lo que se refiere a la observación internacional de elecciones, se conoce que ésta se comenzó a practicar desde mediados del siglo XIX, pero fue hasta mediados del siglo XX que cobró auge, y a fines de la misma centuria pasó a ser un ingrediente básico de los procesos electorales democráticos en muchos países del mundo.
En efecto, el objetivo de la observación internacional electoral es fomentar la celebración de procesos electorales creíbles, velar los derechos políticos y en particular del sufragio libre, y en consecuencia fortalecer el desarrollo de sociedades libres y la formación cívica de pueblos autogobernados.
La observación internacional de elecciones ha desempeñado un rol determinante en muchos países, cuando comenzaron a transitar de regímenes coloniales y totalitarios o dictatoriales, hacia la democracia. Al respecto hay que destacar que la observación internacional electoral garantizó que en la Nicaragua sandinista se pudieran celebrar elecciones libres (el 25 de febrero de 1990), e inclusive la transferencia pacífica del mando presidencial, aunque fuera a costa de grandes concesiones que las fuerzas democráticas tuvieron que hacer al sandinismo para que reconociera su derrota electoral y accediera a entregar el gobierno.
Y la verdad es que todavía ahora la observación internacional electoral sigue siendo necesaria en Nicaragua, a fin de garantizar la transparencia comicial y el respeto al sufragio de los nicaragüenses, debido a que el proceso democrático ha sido pervertido por el caciquismo político, el clientelismo, el pactismo y la corrupción. Y en estas circunstancias el fraude electoral en sus múltiples modalidades no es sólo un recuerdo del pasado dictatorial somocista y sandinista, sino una amenaza actual ante la cual los sectores genuinamente democráticos deben permanecer en alerta.
Por otro lado, la observación electoral nacional además de que ayuda a garantizar la transparencia y confiabilidad de las elecciones, también contribuye a formar en principios democráticos y valores cívicos a millares de personas, generalmente jóvenes, que se desempeñan como observadores electorales.
Según los directivos de los organismos de observación nacional electoral que denunciaron las restricciones que supuestamente está tratando de imponer el CSE, “desde las elecciones de 1996 se ha movilizado a unos 25 mil voluntarios, y para las elecciones de noviembre (próximo) se tiene previsto que participen 4,500 en igual número de Juntas Receptoras de Votos…”
Eso es magnífico, pues los observadores electorales participan de manera activa en el más importante ritual de la democracia, que es el de las elecciones, sin ningún interés partidista ni movidos por la ambición de obtener una gratificación material ni un empleo gubernamental. Ellos participan únicamente por afán de servicio, por vocación cívica, por amor a la democracia y a la libertad, que es precisamente el cemento de la ciudadanía, el rasgo que desde los tiempos de Sócrates y Platón distingue a una persona libre de un “idiota”, como llamaban los filósofos griegos de la democracia a quienes no les importaban los problemas de la comunidad y la organización del Estado.
Ese “ejército cívico” que constituyen los observadores electorales nacionales, representan en realidad una reserva ética de la joven democracia nicaragüense, son una esperanza de que la clase política corrupta que se ha adueñado del Estado y pervertido el proceso democrático podrá ser reemplazada más adelante por gente sana que asumirá las riendas de la política y la conducción del Estado para gobernar con transparencia, honestidad y civismo.
Y es probable que los funcionarios partidistas que dominan el Consejo Supremo Electoral teman a esa perspectiva, y por eso quieren obstaculizar el libre desenvolvimiento de la observación nacional electoral.
