Freddy Potoy Rosales
MADRID, ESPAÑA. El proyecto de ley de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSP) ha desatado una polémica y un temor promovido por las luchas políticas entre el Gobierno y los demás sectores políticos, así como algunos empresarios.
La pretensión de crear la SSP es legítima, como legítimo sería crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otra cosa es que quienes luego dirijan esas instituciones las conviertan en ineficientes y las politicen, algo que se debe evitar.
En un contexto moderno donde los servicios públicos son variados y requieren un nivel óptimo de calidad, que deben llegar a todos los sectores (servicio universal), garantizar la continuidad y asequibilidad; protección y seguridad tanto del consumidor y los usuarios (conceptos distintos), como de las infraestructuras, seguridad del suministro, acceso a las redes de interconexión, etc., pues la sociedad debe contar con instrumentos jurídicos e instituciones para exigir que se cumplan estos servicios por los cuales paga una cantidad de dinero. Sin embargo, no sería apropiado mezclar las naturalezas de la SSP y la de los entes reguladores, que deben ser estrictamente técnicos para garantizar los servicios públicos, evitar los monopolios o la vulneración al derecho de la competencia.
Gran parte del articulado de este proyecto de ley es interesante, otra cosa es que los empresarios de radio y televisión, por ejemplo, sientan que afectan sus utilidades. Y aquí no cabe ese discurso histórico y trillado que “afectan la libertad de expresión e información” o que “quieren controlarnos o censurarnos”. Es más, hay declaraciones de estos empresarios de radio y televisión, que desde el punto de vista técnico y jurídico, pueden ir en detrimento de sus propios intereses si los legisladores le toman la palabra; tienen que pensar mejor antes de hablar. No se trata de pensar que se coarta o regula la libertad de expresión, sino de modernizar nuestra legislación y fortalecer la institucionalidad. Sí hay que dejar claro que los entes reguladores no son órganos de inteligencia para espiar a los empresarios, pues de lo contrario, estarían violando una serie de derechos individuales.
Si hay un compromiso de reformar la Ley 200 sería contraproducente dejar un “parche” en la futura ley de la SSP con dos artículos que garanticen la no manipulación en la entrega y uso de licencias. A menos que los legisladores estén mintiendo y realmente no tengan la intención de cumplir este compromiso, entonces sí tiene sentido dejar establecido este aspecto, pero desde la técnica legislativa no sería apropiado.
En las dos semanas que estuve en Managua observé que hay un paquete interesante en materia de telecomunicaciones que lo mencioné el miércoles pasado, pero me parece que se está llevando de una manera desordenada y con mucha carga de criterios políticos e intereses personales que empañan el esfuerzo de los especialistas en el ramo de las telecomunicaciones y la informática. Los legisladores deben tener cuidado para no distorsionar los conceptos aplicables a nuestra realidad concreta. También observé que hay interés por legislar en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, lo cual es bueno, pero con cuidado para no generar una dispersión normativa y contradicciones que luego conviertan a los instrumentos jurídicos en obstáculos para el desarrollo de los sectores y del país.
