León Núñez
En agosto de 1979, las “autoridades revolucionarias” de Chontales lanzaron a mi esposa, a nuestras dos hijas —de dos y cuatro años de edad— y a mí, a la más completa miseria. Decían que actuaban siguiendo “orientaciones” del Procurador General de Justicia, doctor Ernesto Castillo Martínez.
Mi esposa y yo intentamos hablar con el doctor Castillo. No nos quiso recibir. Uno de sus asistentes nos dijo que el “compañero Procurador” no hablaba con esbirros somocistas, ni con genocidas ni ladrones. Mi esposa alegó que yo era una persona honrada, que ella también lo era; que era conservadora de cepa…
El asistente de don Tito se puso a reír, y le preguntó a mi esposa: “¿acaso no sabe usted que los conservadores son peores que los somocistas?” Fue en ese momento cuando mi esposa empezó a sospechar que el poder no estaba en manos de los conservadores. Una faceta “cómica” de los primeros días de la “revolución” fue la creencia de los conservadores de que ellos se habían tomado el poder.
Después de haber sufrido un atentado “revolucionario” y ante los insistentes rumores de que los Tribunales Especiales me iban a juzgar por “genocida”, el 25 de octubre de 1979 hui del país hacia Honduras atravesando al nado el río El Guasaule.
Con el auxilio económico de algunos parientes me trasladé de Tegucigalpa a San José. Desde que llegué comencé los trámites tendientes a conseguir mi permanencia legal en Costa Rica y mi incorporación al Colegio de Abogados. Durante el tiempo que duraron esos trámites estuve trabajando de “secretario ad honorem” en varios juzgados de San José.
No tuve contratiempos. Obtuve la nacionalidad costarricense; me incorporé al Colegio de Abogados; la Universidad de Costa Rica me extendió el título de Notario y la Corte Suprema de Justicia me autorizó para cartular.
Sólo me faltaban los clientes para ejercer mi profesión, y ante la falta de éstos, ¿en qué iba a trabajar? No me gustaba la idea de ser celador en Costa Rica, así que mientras pensaba trasladarme a Miami a ejercer mi “celaduría” leí en un periódico de San José que la Corte Suprema de Justicia convocaba a una especie de concurso a los abogados interesados en ejercer la función de Juez Mixto, que equivale a lo que en Nicaragua se conoce como Juez Único de Distrito.
No obstante que amigos nicaragüenses me decían que la Corte Suprema jamás iba a nombrar juez a un “tico de mentira” introduje mi solicitud. El funcionario que me atendió me aconsejó que hablara con todos los magistrados pidiéndoles el voto.
En una semana hablé con ellos. Me preguntaron la razón por la cual yo había huido de Nicaragua, y todos se pusieron a reír cuando les contesté que por “genocida”, pero les aseguré que yo nunca le había hecho un mal a nadie.
De todos los magistrados solamente Ulises Valverde, Ulises Odio y Fernando Coto Albán me plantearon temas relacionados con el derecho. Tuve la impresión de que fue un examen disimulado dentro de una informal conversación jurídica.
Don Fernando Coto Albán, una lumbrera del Derecho, me dijo: “Quiero hacerle una última pregunta”. Fue una pregunta que me sorprendió. Desconozco con qué intención la hizo. Me preguntó: “¿es cierto que los nicas no quieren a los ticos?” No hallaba qué contestar, y no sé de dónde saqué la contestación, pero le dije que era cierto; que los nicas no querían a los ticos, pero que querían a las ticas, así como los ticos no querían a los nicas pero que sí querían a las nicas. Don Fernando se puso a reír, me dio la mano y me dijo: “Puede retirarse. Suerte”.
Fui nombrado juez. Mis amigos nicaragüenses se sorprendieron que la Corte Suprema hubiera nombrado juez a un “tico de mentira” en vez de haber nombrado a un “tico de verdad”, pues éramos muchos los abogados que aspirábamos al mismo cargo. Y más les llamaba la atención a mis amigos nicaragüenses que mi nombramiento se hubiera producido sin recomendaciones “partitocráticas”. Ellos no sabían que en Costa Rica el Poder Judicial es en realidad un poder completamente independiente.
Cuando me sentí capaz de ejercer con eficacia mi profesión, cuando “me sentí de nuevo abogado”, renuncié al cargo de juez. En Costa Rica la circunstancia de que un abogado hubiera sido juez significaba principalmente dos cosas: que el ex juez sabía derecho y de que era honrado. Con esta credencial comencé a ejercer mi profesión en San José con un éxito profesional y económico extraordinario.
En 1990, once años después de mi huida, regresé a Nicaragua con la satisfacción cristiana de haber perdonado a los que me lanzaron a la miseria y me quisieron matar, y con el orgullo, que todavía tengo, de haber pertenecido a un Poder Judicial que tiene entre sus muchos méritos el haber contribuido a que Costa Rica tenga, junto con Chile, el menor índice de corrupción de América Latina. Lástima que Nicaragua a pesar de ser geográficamente tan cercana a Costa Rica sea institucionalmente tan lejana.
El autor es jurista y escritor.
