Eddy Enrique Martínez
El Sistema de Ahorro para las Pensiones (SAP) es un modelo que se caracteriza, entre otros, por los siguientes elementos fundamentales: 1) El asegurado o cotizante del sistema de seguridad social ahorrará directamente una cantidad porcentual de su salario o ingreso mensual de forma obligatoria al establecer una relación laboral o de servicio con un empleador así inscrito ante el INNS.
Este dinero será administrado por las instituciones privadas denominadas Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), las que invertirán los recursos conforme las disposiciones legales y las ganancias de esas operaciones incrementarán el ahorro del asegurado. También contempla la afiliación voluntaria o lo que es denominado en el sistema de reparto como el seguro facultativo; 2) El Estado, o mejor dicho el Poder Ejecutivo, no tendrá incidencia dispositiva sobre los recursos económicos de las cotizaciones de los asegurados al sistema, ya que el dinero cotizado es propiedad del cotizante. Esto traerá como resultado una transparencia real y objetiva, puesto que en el sistema de Reparto de la Seguridad Social el trabajador aporta lo que es registrado por semanas cotizadas para poder calificar el derecho correspondiente en la rama de pensiones y su dinero ingresa a un fondo común que es utilizado por todo el sistema (pensiones y salud) y al no haber una definición de la propiedad de esa aportación, naturalmente que puede ser objeto de manejos no propios de la seguridad social.
Por ello el SAP denomina de Capitalización Individual porque será el cotizante el único autorizado para disponer de sus ahorros cuando sea necesario al requerir de la prestación respectiva; 3) Con la implementación de este sistema se prevé la creación de nuevos puestos de trabajo por la creación de las AFP y al haber autorización de inversión de los fondos de pensiones se incentivará el mercado bursátil, y habrá otras inversiones claramente definidas por la Superintendencia de Pensiones (SIP) y la Comisión de Riesgo. Todo esta situación hará crear puestos de trabajo permanentes y temporales en el sector privado, generando en las otras instituciones que se involucren en las inversiones autorizadas empleos y obviamente se espera que haya un crecimiento económico a mediano plazo al inyectarse dinero fresco en las operaciones autorizadas; 4) El sistema está diseñado de tal manera que si alguna AFP llegara a fracasar en su actividad propia, sea cual fuere la causa que la origina, el dinero de los cotizantes estará a salvo ya que dicho fondo es independiente del patrimonio de la AFP y al estar montado un sistema de control “minuto a minuto” la SIP preverá cualquier anomalía y ante una situación inminente de riesgo tomará las provisiones respectivas.
Igualmente si por una mala administración de la AFP se afectara el fondo, conforme las regulaciones legales se hará la restitución; y 5) Al implementarse este modelo de capitalización individual se persigue que el asegurado al momento de gozar de la pensión respectiva o sus beneficiarios, la misma esté más acorde en cuanto a su cuantía con la realidad económica al momento de su goce. Es decir que la tasa de reemplazo sea de por lo menos entre un 70 u 80 por ciento a diferencia del sistema de reparto cuya tasa del ingreso mensual del asegurado oscila entre 50 y el 60 por ciento, según informaciones públicas.
No podemos olvidarnos que para que el SAP cumpla con sus objetivos es imprescindible que haya en nuestro país una política pública que verdaderamente genere puestos de trabajo permanentes con salarios o remuneraciones dignas, tanto en el sector público como privado, ya que de lo contrario el ahorro del asegurado será raquítico y en tales condiciones cuando requiera gozar de la pensión por vejez, por ejemplo, su pensión no sería tan buena a como se espera teóricamente. A esto tenemos que agregar la concienciación social de todos los trabajadores y de todos los empleadores para que cumplan con las obligaciones de enterar las cuota patronales y obreras en tiempo y forma, y no incurramos en actos fraudulentos en contra de la seguridad social, esto nos conlleva irremediablemente a la aprobación del proyecto del Código Penal en el cual se contemplan sanciones penales para estos casos.
Debe haber una mayor afiliación a la seguridad social ya que si mantenemos la cantidad promedio actual de los años 2000 y el 2002 el sistema no prosperará a como se espera, ya que entre esos años los asegurados inscritos fueron entre 308,531 y 311,500, lo que es una cantidad pequeña en comparación con la cantidad de la población económica activa que supera el millón de personas trabajadoras; y para el año 2002 apenas se tenían inscritos a nivel nacional un total de 12,359 empleadores. Con estas cifras y que con seguridad se mantienen más o menos en el año 2003, ya que a la fecha no hay pronunciamiento oficial por el INSS al respecto de forma pública, es imposible que la seguridad social crezca.
Finalmente de implementarse el SAP significaría que aproximadamente un 80 por ciento de los actuales asegurados del INSS menores de 43 años de edad, serían administrados por las AFP, lo que implica que sus cotizaciones ya no serán utilizadas por el INSS y esto traerá indefectiblemente un déficit económico para dicha institución pues con sus reservas y sus formas actuales de financiamiento del sistema deberá continuar pagando las pensiones de los asegurados de 43 años a más que se queden bajo su administración. No es una decisión fácil de tomarse a la ligera.
No se debe de poner en riesgo el futuro de los actuales y futuros pensionados del sistema público a cambio de una promesa de desarrollo económico, que es tentadora sobre todo para el sector privado, sino que deberá buscarse cómo cubrir ese déficit; o que se promueva una adecuación realista al SAP o una reforma integral a la actual Ley de Seguridad Social ya que se ha dicho hasta la saciedad por numerosos estudiosos y conocedores de la seguridad social que Nicaragua no tiene la infraestructura socioeconómica y política para la implementación del SAP.
Tenemos aproximadamente un desempleo del 70 por ciento y una economía frágil y un sistema político oscilante, coyuntural y oportunista.
El autor es abogado y notario.
